Un juzgado penal de Sevilla se ha inhibido a favor de la Audiencia Provincial para juzgar a tres profesores de la Universidad hispalense acusados de apropiarse presuntamente de 82.406 euros procedentes de las asignaciones de ocho de sus becarios, dado que las condenas pedidas superan los 5 años.

Los tres profesores están acusados de apropiarse de un total de 82.406 euros que debieron recibir ocho becarios entre 2000 y 2003, además de otros 11.979 euros del proyecto al que estaban asignados, un estudio de la UE sobre la nueva organización del trabajo en Europa y que coordinaba la Universidad sueca de Gotemburgo.

Los profesores, que han depositado una fianza de 96.000 euros para hacer frente a las futuras responsabilidades civiles, se enfrentan a una petición de la Fiscalía de cuatro años de cárcel, que la acusación particular eleva a seis años.

Este caso fue denunciado por la propia universidad, alertada por una de las becarias, por lo que el juez de instrucción rechazó en su día declarar la responsabilidad civil subsidiaria de la institución pues "no se desprende ningún tipo de actuación irregular o imprudente por parte de sus servicios" y lo sucedido fue "producto únicamente de una maquinación dolosa de los acusados".

En el caso están acusados M.P.P., profesor de la facultad de Derecho; su esposa E.R.P., también enseñante; B.P.R., profesor de la facultad de Económicas, y P.P.A., que no pertenecía a la Universidad pero fue contratado por los acusados y cobró una de las becas.

El escrito de acusación del fiscal explica que los acusados acordaron verbalmente con los becarios una asignación mensual de 300 euros, pese a que las bases de las ayudas preveían una retribución de 1.322 euros al mes en la primera anualidad y 1.520 euros en las dos sucesivas.

Junto a la pena de prisión, el fiscal solicita para cada uno cuatro años de suspensión como profesor universitario, así como una multa de 3.600 euros por presuntos delitos de estafa o, alternativamente, de apropiación indebida.

El escrito de acusación del fiscal contiene duros calificativos hacia el "apetito desenfrenado y voraz de lucro ilícito" del principal acusado, que dejó a uno de los becarios sin 480 euros que le llegaron por otro concepto.

Según el fiscal, los tres acusados "pensaron, desde el principio, hacer suyos los 164.348 euros" previstos en el proyecto para los becarios y elevaron una consulta a la Universidad, que les respondió que la partida de personal solo podía destinarse a becarios y que el trabajo de los profesores no era subvencionable, al ser personal de la Universidad.

Por ello, según el fiscal, idearon un plan consistente en abrir cuentas bancarias compartidas con los becarios para ingresar en ellas el importe de la beca, y les explicaron que la diferencia era para "sufragar otros gastos del proyecto y remunerar a otros participantes".

Cada uno de los becarios, recién titulados en Derecho y Estadística, dejó de percibir entre 8.114 y 26.081 euros, según el tiempo que permanecieron en el proyecto, añade el fiscal.