Comedor
Las posibilidades son diversas: comedores sociales, bolsas de alimentos o becas para comedores escolares. ARCHIVO
Cualquier ciudadano balear que pase hambre por no tener dinero para comprar comida podrá exigir a la Administración que lo alimente, según recoge, por primera vez en España, la
nueva ley autonómica de servicios sociales, actualmente en fase de borrador.

Baleares se convertirá en la primera comunidad que define que no pasar hambre es un derecho

Así lo ha anunciado hoy la consellera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración del Govern balear, Fina Santiago, durante la presentación del borrador de la ley, que se registrará en el Parlament autonómico en septiembre u octubre y se negociará con todos los partidos políticos, profesionales de los servicios sociales y entidades.

La ley incluirá, entre otros derechos subjetivos, el derecho a una ingesta mínima de alimentos, que podrá ser reclamado judicialmente en caso de que la Administración no lo cumpla, indica la Conselleria en un comunicado.

Por tanto, si, una vez se haya valorado técnicamente que una persona o familia se encuentra en una situación de necesidad que le impide acceder por sí misma a una alimentación suficiente, la Administración autonómica estará obligada a concederla a través de diversas posibilidades, como comedores sociales, bolsas de alimentos, becas para comedores escolares, etcétera.

Podrá acudir a los tribunales

Si la Administración no lo cumple, la persona afectada podrá acudir a los tribunales para exigir la aplicación de este derecho subjetivo a no pasar hambre. De esta manera, ha incidido Santiago, Baleares se convertirá "en la primera comunidad autónoma que define que no pasar hambre es un derecho. Nadie lo había dicho hasta ahora".

Este derecho que se incluirá en la nueva ley vendrá acompañado del derecho a alojamiento y al vestido, y establece que la Administración tiene la obligación de garantizar la respuesta inmediata a las situaciones de emergencia social y las prestaciones que den cobertura a estas necesidades. La futura ley, según Santiago, supone "configurar el cuarto pilar de bienestar social, con los tres ya existentes: sanidad, educación y pensiones".

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