El Tribunal Constitucional considera que fue discriminada por razón de sexo y confirma la sentencia que declaró nulo el despido de una mujer cuyo contrato no fue renovado durante el tiempo que estuvo de baja por un embarazo.

La trabajadora estuvo de baja en dos ocasiones durante el último contrato de un año por problemas con su embarazo

La mujer estaba empleada como trabajadora social en el Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla) desde marzo de 2000 a través de contratos por obra a tiempo completo o parcial y fue el 1 de enero de 2003 cuando firmó su último contrato, de un año de duración.

Durante ese año, la trabajadora estuvo de baja en dos ocasiones por problemas relacionados con su embarazo, la segunda de ellas hasta un día antes del parto, que tuvo lugar el 25 de enero de 2004. Para entonces, el Ayuntamiento ya le había comunicado que no le iba a renovar el contrato cuando finalizara el 31 de diciembre de 2003 y que en noviembre había contratado a otra persona para cubrir la plaza de trabajadora social.

Mientras se encontraba de baja, el Ayuntamiento contrató a otra persona para llevar a cabo esa misma actividad

Un Juzgado de lo Social de Sevilla declaró nulo el despido y ordenó su reincorporación, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía entendió que el Ayuntamiento había justificado "suficientemente" su decisión y que, al finalizar el contrato de la trabajadora con la empresa, ésta no tenía ninguna obligación de volver a contratarla.

La sentencia del Tribunal Constitucional recoge que si bien la trabajadora había sido contratada por obra hasta diciembre de 2003, había venido siendo renovada mediante acuerdos idénticos desde marzo de 2000. Añade que mientras la mujer estaba de baja por su embarazo, el Ayuntamiento contrató a otra persona para realizar la misma actividad y subraya que después de que diera a luz no volvió a ser contratada, a diferencia de lo ocurrido en años anteriores.

Dado que el Ayuntamiento sólo justificó su decisión porque el contrato se había extinguido, el Constitucional estima que no se ha acreditado la existencia de una causa fundada y real que permita destruir la apariencia de discriminación "y alcanzar la necesaria convicción de que su decisión fue ajena a todo propósito atentatorio del derecho fundamental".

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