Un registro público en el que aparecerán todas las promotoras que trabajan en la comunidad podrá ser consultado por todos los gallegos para evitar sustos y retrasos en la entrega de los pisos y, sobre todo, las estafas. Es una de las novedades que traerá la Lei de Vivenda que se aprobará este jueves en el Consello de la Xunta y que entrará en vigor a finales de este año.

El listado se podrá consultar bien en la web de la Xunta (www.xunta.es ) o en las delegaciones de Vivenda y permitirá conocer la solvencia económica y técnica de las empresas, así como resoluciones o sanciones pendientes.

La medida anunciada por la conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, no ha sentado muy bien entre los promotores, que se sienten «estigmatizados», pese a que aseguran que los controles no les asustan. «Hay otros sectores que deberían estar más controlados, como la clase política», ironizó el presidente de la Federación de Promotores de Edificios y Suelos de Galicia, Javier Garrido.

Expropiación forzosa

La Lei de Vivenda traerá otra novedad: la Xunta podrá expropiar viviendas vacías que presenten un deterioro grave, corran riesgo de derrumbe y sus dueños no accedan a arreglarlas.

Si finalmente se expropian, los pisos se destinarán a alquiler una vez rehabilitados. La medida es similar a la que ya aplica desde 2006 el Ayuntamiento de A Coruña.

La nueva ley también protegerá a los ciudadanos del acoso inmobiliario, cuando el dueño de la vivienda arrendada se niegue a repararla para echar al inquilino. Para ello se establecerán condiciones para el realojo y posterior retorno.

OTRAS MEDIDAS

Vivienda protegida

Un máximo de 140 m2. Los pisos de protección tendrán un máximo de 140 metros cuadrados (hasta ahora era de 120) y un mínimo de 40. Y se podrán usar como oficinas.

Cargos

Alcaldes y promotores. La nueva norma no prohibirá de forma expresa que los alcaldes puedan ser también promotores.

Más control

Sobre los alquileres. El precio publicitado deberá incluir el IVA. La ley abre la puerta también a la creación de un sistema autonómico de arbitraje.

Sanciones

Serán más duras. La conselleira Teresa Táboas aseguró que la normativa «endurecerá las sanciones» para luchar de forma efectiva contra el fraude.

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