Censo inmigrantes
Un 12,2% de la población española es inmigrante. ARCHIVO
Los ministros de Interior de la UE acogieron este lunes favorablemente la propuesta francesa de un pacto europeo sobre la inmigración y el asilo, que propugna un modelo de inmigración selectiva, totalmente controlada, y firmeza absoluta con los indocumentados.


Los Veintisiete estuvieron de acuerdo en tener una estrategia común en política migratoria
En su primer debate sobre la iniciativa francesa, los Veintisiete estuvieron de acuerdo en la necesidad de dotarse de una estrategia común en política migratoria y en condicionar la admisión de inmigrantes a las necesidades del mercado laboral y a la capacidad del país de destino de ofrecerles servicios básicos y protegerlos de la explotación.

El ministro francés de Inmigración, Brice Hortefeux, cuyo país preside este semestre la UE, aseguró al término del encuentro que éste había sido un "éxito total".  Hortefeux subrayó con satisfacción la unanimidad de los Estados miembros -con independencia de su color político o su filosofía, recalcó-, en torno al texto defendido por Francia, España y Alemania.

Frenazo al "contrato de integración"

Dada la frontal oposición de España, las autoridades francesas ya habían renunciado previamente a incluir en el pacto el denominado "contrato de integración", en el que los inmigrantes se comprometerían a aprender la lengua del país de acogida y a respetar sus leyes.  No obstante, el texto señala que los Estados miembros tendrán que adoptar medidas específicas para facilitar el aprendizaje del idioma y el acceso al empleo a los inmigrantes, como medio de favorecer su integración.

El ministro español, Alfredo Pérez Rubalcaba, hizo hincapié en que la cuestión del idioma "ha pasado de ser una obligación para los inmigrantes -con el contrato- a serlo para los Estados".

En las últimas negociaciones bilaterales, el Gobierno español también consiguió suavizar la alusión a los procesos de regularización.  Así, el pacto ya no aboga por prohibir las regularizaciones generales e incondicionales y se limita a señalar que éstas serán "caso por caso y no generales, en el marco de la legislación nacional, por motivos humanitarios o económicos".  Rubalcaba se declaró "satisfecho" con el documento, pues defiende la misma política migratoria que aplica el Gobierno español.