El ministerio fiscal acusa a una veintena de militantes del PP en Baeza (Jaén) así como el hermano del anterior alcalde del municipio y a dos trabajadoras de una residencia de personas mayores de ejecutar un plan para conseguir de forma ilícita votos por correo. Fue en las pasadas elecciones municipales y las víctimas fueron 19 ancianos.

Dicho plan comenzó cuando en abril del año pasado dos de los acusados acusados acudieron a una residencia de ancianos de la localidad, donde con la colaboración de la directora y una administrativa de este centro -también acusadas-, se hicieron con los carnés de identidad o sus correspondientes fotocopias de unos 19 residentes "con los que tomaron en contacto y aprovechándose de su avanzada edad y condiciones mentales

Una vez que consiguieron los datos personales de estos, recabaron la colaboración del médico Ginés Carlos C.G., sobre el que se da la circunstancia de que es hermano del anterior alcalde popular de Baeza. Este médico firmó 19 certificados médicos que habían sido cumplimentados por los otros dos acusados con los nombres de los ancianos.

Todo ello lo hicieron, según el ministerio público, a fin de "acreditar la imposibilidad de desplazamiento para la emisión del voto" y reclamar el voto por correo "sin realizar previo examen médico de las personas objeto de los certificados" y sin que ni siquiera ellos hubieran solicitado su realización "pues casi todos ellos podían desplazarse".

Además, los acusados José María P.B. y José P.R. recabaron la colaboración de 19 afiliados o simpatizantes del PP -todos ellos también acusados por el fiscal y entre los que se encuentran interventores del PP e incluso tres integrantes de la candidatura que el PP presentó en estos comicios- para que les facilitaran a su vez sus carnés de identidad y la dirección de sus domicilios. Cuando estos dos se hicieron tanto con los datos de los poderdantes y de los apoderados, así como con los certificados médicos, acudieron a un notario para que se completaran los trámites del voto por correo de esas personas.

Una vez hechos estos trámites los acusados eligieron "sin intervención alguna de los ancianos" las papeletas de sus votos. Sin embargo, todo se destapó cuando uno de los ancianos acudió físicamente a votar y se encontró con que no podía.

Para el fiscal, todos estos hechos son constitutivos de un delito de vulneración dolosa de los trámites del voto por correo y otro continuado de falsedad de certificados médicos. En consecuencia, reclama que los dos acusados principales, José María P.B. y José P.R. sean condenados a penas de 30 días de privación de libertad sustituibles por el pago de una multa de 600 euros y el abono de una multa de 1.500 euros mientras que para los otros acusados pide 15 días de privación de libertad sustituibles por 300 euros y el pago de una multa de 900 euros. Además, para el hermano del ex alcalde exige también el pago de 2.400 euros por el delito de falsedad. Para todos ellos pide también la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante ocho años.

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