En concreto, se refirió al acceso a la sedación paliativa terminal, "para evitar el sufrimiento de estos pacientes"; el rechazo al tratamiento en caso de la petición expresa del enfermo, "un derecho que ya asistió a Inmaculada Echeverría"; la suspensión de la atención médica por muerte encefálica, la prohibición del encarnizamiento terapéutico o la regulación de la toma de decisiones de las personas que se encuentran en fase terminal.

"Acotar y disminuir la variabilidad de interpretaciones"

Sobre estas prácticas, la responsable del ramo declaró que los hospitales públicos "ya las vienen realizando", por lo que aclaró que con la futura ley lo que se pretende es "acotar y disminuir la variabilidad de interpretaciones" que se están dando en estas cuestiones, "otorgar al paciente mayor peso" en las decisiones finales y dispensar al profesional un marco contextual en el que poder desenvolverse.

"Con esta ley no se producirán debates como el que ocurrió con las sedaciones terminales en el Hospital Severo Ochoa de Leganés y también se cerrará las interpretaciones abiertas a casos como el de Inmaculada Echeverría en Granada", subrayó Montero, quien también quiso dejar claro que el derecho a la dignidad ante el proceso de la muerte "no implica el derecho a recibir todo tipo de atención y tecnología para mantener la vida biológica".

Agregó que en la ponencia del Comité también se prevé incluir la objeción de conciencia para analizar en qué casos se podrá alegar y en cuáles no, un derecho "que siempre tendrá que ser ejercido por un profesional, ya que nunca una institución o centro, ya sea público o privado, nunca podrá alegar objeción de conciencia". Con todo, indicó que el derecho del ciudadano a recibir o no un tratamiento "será respetado con independencia de que un médico alegue objeción de conciencia".