La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, encargada del caso contra la presunta trama de corrupción urbanística municipal, estima que Antonio Barrientos, como alcalde de la localidad, "resultaría el máximo responsable de una estructura" en el entorno del Ayuntamiento "orientada a obtener fondos de distintos promotores y empresarios" con el fin de "financiar actividades tanto públicas como privadas de los partidos políticos en coalición", así como para "enriquecerse personalmente".

Barrientos ha destinado fondos públicos a usos ajenos a la función pública

En el auto de prisión, dictado por la instructora el pasado viernes sobre Barrientos, al que le imputa indiciariamente los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo, se señala que una de las principales fuentes para obtener ingresos "era la infravaloración de los aprovechamientos urbanísticos, propiciando un notable incremento en la plusvalía en los promotores y empresarios a los que como contrapartida se les solicita el pago de cantidades de dinero".

Para la jueza, según añade en su resolución, existen también indicios de que éste "ha permitido y realizado actividades de mediación en la contratación de numerosas personas por razones de titulación personal o afinidad política, sin seguir los cauces legalmente establecidos para ello"; así como que se realizó presuntamente contratación pública de obras y servicios "sin cumplir las exigencias legales y la concurrencia de interesados".

Riesgo de fuga

"Finalmente, el imputado supuestamente ha destinado fondos públicos a usos ajenos a la función pública, pudiendo haber obtenido beneficios propios por dicha conducta", añade el auto, en el que se indica también que podría haber cometido un presunto delito de blanqueo de capitales "mediante la ocultación del producto derivado de los hechos delictivos".

Para justificar la prisión, la jueza habla de la gravedad de las penas de los delitos que se le imputan, lo que "lleva a pensar que existe riesgo de fuga ante la posibilidad de que el imputado huya".