La supuesta red corrupta municipal en Estepona (Málaga) sirvió para que los implicados se lucraran personalmente, pagar actividades municipales y financiar a los dos partidos políticos que gobernaron el municipio hasta 2007 (PSOE y Partido Estepona, PES). Así lo afirman fuentes de la investigación de caso Astapa citadas por El País.

Esta situación se hizo posible gracias a una serie de fondos ocultos que manejaban el alcalde socialista, Antonio Barrientos, el concejal de Hacienda, Francisco José Zamorano, y su antecesor, el edil Manuel Reina, del PES (integrado por ex dirigentes del GIL). El dinero provenía de las comisiones ilegales.

El fondo se repartía entre los ediles corruptos, sus partidos y diversas actividades municipales.

Los investigadores creen que efectuaron blanqueo de dinero gracias a grabaciones telefónicas de los supuestos corruptos. Además, el patrimonio de los concejales investigados ha aumentado injustificadamente, advierten.

Promotores y constructores habrñían ayudado a ocultar ese dinero ilegal, cuyos orígenes serían convenios urbanísticos (cesión de suelo por debajo del precio real por el que el promotor reintegraba la diferencia a la caja b del Ayuntamiento) y adjudicaciones irregulares de obras y servicios (beneficiando a empresarios amigos gracias al pago de comisiones).

A esto se sumarían pagos de empresarios a concejalías a cambio de favores, otorgamiento de licencias municipales de todo tipo previo pago ilegal, y contratación ilegal de personal (sin convocar concursos públicos para así beneficiar a sus parientes).

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