Regularización de inmigrantes
Cola de inmigrantes para regularizar sus papeles. ARCHIVO

El Gobierno pagará el paro casi de golpe a aquellos inmigrantes que se queden sin empleo como condición para que vuelvan voluntariamente a su país de origen. Según informa el diario El País, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, calcula que esta medida afectará a más de un millón de extranjeros, aproximadamente la mitad de los que residen legalmente en suelo español.

La medida, en concreto, prevé que los inmigrantes que se acojan a ella cobren el subsidio de desempleo que hayan acumulado en dos pagos de 40% y 60% respectivamente, aunque aún no se ha decidido cuál de los dos plazos se cobrará antes de salir de España y cuál una vez de vuelta en su país.

Quienes se acojan a la medida no podrán regresar en el plazo de 3 años.

Todos los trámites se harán a través del Servicio Público de Empleo Estatal. Para percibir esas cantidades, los inmigrantes deberán renunciar a sus permisos de residencia y de trabajo, y comprometerse a no volver a España en los tres años siguientes, fecha para la cual el Gobierno cree que la situación económica mejorará lo suficiente como para que puedan volver con garantías de encontrar trabajo.

La oferta del Ejecutivo tiene una segunda parte que limita su alcance a los ciudadanos de los 19 Estados no comunitarios que tienen convenio de Seguridad Social con España, con el fin de que los retornados no pierdan sus derechos adquiridos durante su estancia en el país. Eso excluye, entre otros extranjeros, a los procedentes del África subsahariana.

Limitación de la llegada de inmigrantes

Por otra parte, el Ministerio de Trabajo ya tiene perfilado el contenido de la nueva ley de inmigración que va a impulsar a partir de otoño. En ella, se excluye del reagrupamiento familiar a los padres de los inmigrantes, se limita en el caso de los hijos de entre 16 y 18 años y se prevé que los niños sólo vengan en determinadas épocas del año, según ha explicado el ministro, Celestino Corbacho.

La propuesta más articulada como tal es el veto a la llegada de menores de entre 16 y 18 años sin oferta laboral. Con ello, Corbacho cree que se evitaría el actual fenómeno de los jóvenes extranjeros que "acaban pasando los días en la plazas y calles de los municipios porque ya han superado el límite de la enseñanza obligatoria y no tienen trabajo.