'Nos atendremos a la decisión de la corte. Eso no significa que tenga que estar de acuerdo con ella', dijo Bush durante una rueda de prensa en Roma, donde se encuentra en una escala de su gira europea de una semana de duración.

'Estudiaremos esta opinión y lo haremos (...) para determinar si puede o no ser apropiada legislación adicional', agregó.

Por una votación de cinco a cuatro, el tribunal revocó un fallo que ratificaba una ley que el presidente aprobó en el Congreso dirigido por republicanos en 2006 y que quitaba los derechos de hábeas corpus a los sospechosos de terrorismo.

Estos derechos consisten en poder pedir una completa revisión judicial a su detención.

'Determinamos que estos solicitantes tengan el privilegio de habeas corpus', escribió el juez Anthony Kennedy para la mayoría de la Corte, en el fallo de 70 páginas.

Dijo que el Congreso no ha logrado crear una alternativa adecuada para que los prisioneros retenidos en la base militar de Estados Unidos en Cuba puedan objetar su detención.

La ley de 2006 permitía una revisión limitada por un tribunal de apelaciones de Estados Unidos en Washington de la designación del Ejército de los prisioneros como un 'enemigo combatiente', pero le arrebató su derecho a una audiencia ante un juez de juzgado de distrito de Estados Unidos para apelar su encarcelamiento.

Kennedy dijo que el Supremo no especificó si Bush tiene la autoridad de retener a los prisioneros.

El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional celebró la decisión.

'El Tribunal Supremo hizo lo correcto. Todo el mundo tiene derecho a retar a que se demuestre por qué son encarcelados, a escuchar los cargos contra ellos y a responderlos', dijo Daila Hashad, director del programa local de derechos humanos de Amnistía.

La mayoría fue obtenida por los votos de los cuatro jueces liberales - John Paul Stevens, David Souter, Ruth Bader Ginsburg y Stephen Breyer -, más el del conservador moderado Kennedy, que a menudo tiene el voto decisivo.

Los cuatro conservadores que disintieron fueron John Roberts, Samuel Alito, Antonin Scalia y Clarence Thomas.

La prisión de Guantánamo abrió en enero de 2002, después de que la administración Bush lanzase lo que llamó 'guerra contra el terrorismo' en respuesta a los atentados del 11 de septiembre.

El Gobierno argumenta que la base naval, en territorio cubano, está fuera del territorio estadounidense, por lo cual las protecciones constitucionales no se aplican a los detenidos.

Hay cerca de 270 presos en Guantánamo, la mayoría de ellos retenidos durantes años sin cargos, y muchos acusan a los militares de abusos contra ellos.

Bush ha reconocido que la prisión ha dañado la imagen de EEUU y que le gustaría verla cerrada eventualmente.

Los dos principales candidatos a presidente, el demócrata Barack Obama y el republicano John McCain, han prometido cerrarla.

/Por James Vicini/