El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite un recurso contencioso interpuesto de manera conjunta por la de Defensa de los Derechos de las Prostitutas (Hetaira), la asociación Preeminencia del Derecho y el abogado Jose Luis Mazón contra la instalación de las 31 cámaras de videovigilancia emplazadas en la calle de la Montera y alrededores por quebrantar el derecho a la intimidad de los vecinos de la zona, informaron fuentes jurídicas.

Casi cuatro meses después de que comenzase a funcionar el sistema de videovigilancia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo requirió el pasado 6 de junio al Ayuntamiento de Madrid, con carácter urgente, que le remita "el expediente administrativo, en original o fotocopia, y cuantos informes y datos estime pertinentes" para acreditar la puesta en marcha de las cámaras el pasado 25 de febrero, así como "la notificación y justificante" del emplazamiento. En una providencia, la Sala da un plazo de cinco días para remitir dicha documentación.

El Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón puso en funcionamiento las cámaras, 30 móviles y una fija, después de obtener la autorización por parte de la Comisión de Videovigilancia. La pretensión del Consistorio era permitir un mayor control de la zona ante los elevados índices de delincuencia y erradicar actividades ilegales que se dan en la misma, como pequeños robos y menudeo de drogas.

"Contra la intimidad"

Contra esta decisión, el colectivo Hetaira, Preeminencia del Derechos y Mazón impugnaron el pasado marzo el acuerdo de la Comisión de Garantías de Videovigilancia de la Comunidad de Madrid que dio vía libre a la colocación de las cámaras, al estimar que constituye "una gravísima intromisión en la intimidad de los viandantes".

"La medida impugnada resulta farisaica, pues enmascarándose en un falso riesgo contra la seguridad pública trata de atajar en realidad la prostitución que se ejerce en dichas calles cediendo de este modo a la presión vecinal que reivindicaba esta medida", reza el recurso.

Agrega que "la prostitución no es delito, por lo que no está justificada la injerencia, no responde a los principios de proporcionalidad e idoneidad ni, en suma, persigue un fin legítimo".