Ramírez se ha manifestado así en el juicio del caso del ácido bórico que ha comenzado hoy en la Audiencia Provincial de Madrid, tras la decisión del juez Alberto Barreiro de celebrar la vista, en la que sólo ejercen como acusación las acciones populares, siguiendo el criterio de la sentencia del caso Atutxa.

Durante la sesión de esta mañana, Ramírez ha explicado que el secretario general de la Policía Científica, Pedro Luis Mélida -también acusado en este caso- fue quien decidió y tachó "en rojo" esas anotaciones, porque "carecían de rigor científico" y "no eran ni mucho menos concluyentes". Según Ramírez, para quien las acusaciones piden seis años de cárcel por falsedad documental y falso testimonio, "no se puede meter en el mismo saco a estos tres señores y decir incluso que pueden ser autores, cuando ni siquiera coinciden en el tiempo".

El acusado se refería así a la coincidencia del hallazgo de ácido bórico, además del domicilio de uno de los detenidos por el 11-M, en un piso franco de ETA en Salamanca en 2001 y en la vivienda de un "antisistema" en Madrid en 1999. Ramírez ha relatado que, cuando le enseñó el informe con las conclusiones tachadas al perito Manuel Escribano -uno de los que elaboró el estudio-, éste "montó en cólera" porque "no admite que se le tache nada suyo" y "se negó" a quitar las observaciones.

Informe no oficial

El acusado ha señalado además que no tiene constancia de que el ácido bórico, sustancia que se utiliza habitualmente como insecticida e incluso como producto de higiene personal, sirva para fabricar explosivos. Asimismo ha negado que el comisario general de Policía Científica, Miguel Ángel Santano, o Mélida le ordenaran eliminar del informe todo lo referente a ETA, como aseguran las acusaciones.

"No se me dijo nunca nada", ha afirmado el acusado, que mantiene que el informe en cuestión no era oficial puesto que, aunque estaba "acabado y revisado", aún no había salido del laboratorio. Francisco Ramírez ha explicado que el informe sólo llevaba su firma porque los tres peritos que lo realizaron, a los que se ha referido como "analistas", se negaron a suscribirlo al advertirles de que iba a quitar las conclusiones, en las que se mencionaba la posible relación con ETA.

El juicio se reanudará mañana a las diez con la declaración de los otros tres acusados: Santano, Mélida y el jefe de la Unidad Central de Analítica, José Andradas. Estos mandos policiales están acusados de manipular un informe, y a Santano le imputan además un delito de encubrimiento, por lo que las acusaciones piden para ellos penas de entre 6 y 9 años de cárcel y de entre 6 y 18 de inhabilitación, así como multas de 108.000 euros y 3 años de suspensión de empleo.