Berlusconi prohibirá las escuchas telefónicas en casos de corrupción

  • Limitará las escuchas telefónicas a la mafia y al terrorismo.
  • Penas de cinco años de cárcel para quien las ordene.
  • El ministro de Justicia dice que gran parte de los italianos son espiados.
El primer ministro italiano Silvio Berlusconi. (EFE)
El primer ministro italiano Silvio Berlusconi. (EFE)
EFE

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, anunció que en el Consejo de ministros de este viernes aprobará un procedimiento por el que se prohibirán las escuchas telefónicas, salvo en las investigaciones por mafia y terrorismo, con penas de cinco años de cárcel para quien las ordene fuera de esos supuestos, las realice o las difunda.

La propuesta de Berlusconi ha desatado la polémica. La Asociación italiana de Magistrados señaló este fin de semana que las escuchas telefónica son insustituibles en la lucha contra el crimen, este lunes el líder del partido Italia de los Valores (IDV, en la oposición), Antonio Di Pietro, dijo que son necesarias "para curar el mal" y que si son prohibidas, recogerán firmas para convocar un referendo al respecto.

La Federación Italiana de Editores y Diarios (FIEG) también se mostró contraria. Su presidente, Boris Bianchieri, dijo hoy que limitar las interceptaciones al terrorismo y a la criminalidad organizada "no es una buena idea".

Italianos espiados

El ministro italiano de Justicia, Angelio Alfano, ha justificado la nueva normativa denunciando que "una grandísima parte" de los italianos son espiados.

"En Italia, en un año, más de cien mil personas son interceptadas (sus llamadas telefónicas), frente a las 1.700 de EEUU, 2.300 de Suiza, 3.700 de Holanda, 5.500 de Gran Bretaña y 20.000 en Francia. (...) si cada uno hace o recibe 30 llamadas al día, se llega a tres millones de interceptaciones", denunció Alfano ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Alfano también subrayó el coste de estas escuchas, que ha aumentado un 50 por ciento desde 2003 a 2006. Según datos del ministerio de Justicia, el pasado año fueron espiados telefónicamente 124.845 ciudadanos con un coste de 224 millones de euros.

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