Los investigadores estiman que esta red habría celebrando más de 400 enlaces de este tipo desde 1.999, muchos de ellos sin la autorización ni conocimiento del supuesto contrayente español a quien usurpaban su identidad, explicaron fuentes policiales. Los detenidos -cinco de nacionalidad nigeriana y 16 españoles, entre ellos dos menores de edad- están acusados, según los casos, de delitos de asociación ilícita, usurpación del estado civil, favorecimiento de la inmigración ilegal, falsedad documental y bigamia.

La organización habría celebrado este tipo de matrimonios en Castellón, Valencia, Alicante, Zaragoza, Teruel, Tarragona, Barcelona, Madrid, Cuenca, Guadalajara, Zamora, Almería y Murcia.

Los miembros de la organización captaban a españoles dispuestos a casarse con individuos de nacionalidad nigeriana, en situación irregular en nuestro país, a cambio de una compensación económica que oscilaba entre los 2.500 y 3.000 euros. El cabecilla del grupo se encargaba de conseguir la documentación necesaria para formalizar los enlaces, explicaron.

Los inmigrantes pagaban unos 10.000 euros por la gestión de esos matrimonios que les permitirían obtener su residencia legal en España. La red se quedaba con unos 7.000 euros y el resto era para el contrayente español que recibía por adelantado 500 euros. Los ciudadanos españoles interesados eran acompañados por miembros de la organización en los trámites necesarios para conseguir la documentación, tanto en el Registro Civil como en las distintas parroquias donde debían expedirles las partidas de bautismo.

Bodas con testigos e invitados

El cabecilla de la organización era también el encargado de falsificar todos aquellos documentos que no fueran obtenidos por los contrayentes españoles o por los ciudadanos nigerianos, llegando a falsificar partidas de bautismo o documentos de identificación, algunos de ellos con filiaciones obtenidas de documentos perdidos o sustraídos.

La organización localizaba también las iglesias en las que el control de la documentación exigida para casarse fuera menor y, una vez seleccionadas, acompañaba a los contrayentes españoles a su primera entrevista con el párroco. Justo antes de ese primer encuentro, la pareja mantenía un breve encuentro para acordar sus respuestas.

Los supuestos novios solicitaban al párroco la fecha más próxima posible para la celebración del matrimonio. El propio cabecilla de la red y otro miembro de la organización, de nacionalidad española, asistían como testigos del enlace e, incluso, otras personas hacían las veces de amigos o invitados.

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