Los pisos nuevos que se entreguen a finales de este año en la Comunitat tendrán una categoría como la de las lavadoras para que sus inquilinos se hagan una idea de cuánto pagarán de luz y gas mientras vivan allí. Obviamente no se especificará la cuantía, pero sí una estimación de la eficiencia energética de la vivienda.

Las casas de la categoría A serán, como los frigoríficos, las que menos energía consuman, mientras que en las G, para llegar al mismo nivel de confort, habrá que gastar más luz y gas. Esta clasificación la ha impuesto Europa para reducir las emisiones de CO2, pero redunda en el bolsillo.

Las directrices europeas encarecen la construcción de los pisos en unos 5.000 euros, según estimaciones de Antonio Miranda, director de la Unidad de Estudios Energéticos en Edificación (E3) creada por el IDIT (Instituto de Diseño, Innovación y Tecnología) de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, que forma y asesora a ingenieros y arquitectos. Otra cosa es cómo el constructor o el promotor repercutirán ese gasto al comprador (eso ya es más imprevisible) y si éste está dispuesto a pagar un poco más al principio para ahorrar luego en los recibos.

En los pisos de segunda también se podrán hacer arreglos para mejorar la eficiencia. La Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) intentará sacar este año ayudas para renovar, entre otras cosas, los sistemas de climatización (que se llevan el 70% del consumo energético de la vivienda).

Menos ruidos y multas millonarias Las viviendas con la etiqueta A serán también donde menos se escuchará a los vecinos o el ruido de la calle. «Antes se construía peor porque el clima no es demasiado severo», comenta Miranda. A partir de ahora, la ley obliga, y los técnicos del AVEN y empresas externas velarán porque se cumpla, según han confirmado desde la agencia. Será mediante «revisiones aleatorias», añade Miranda. Quien no cumpla, tendrá que rendir cuentas por mal etiquetado o por ocultar información al cliente o usuario (Ley de Defensa del Consumidor). Las sanciones van de 3.000 a 600.000 euros, según sea la infracción leve o muy grave.