Un total de 287 personas extranjeras fueron expulsadas de la provincia de Pontevedra el pasado año por encontrarse aquí en situación irregular. A ellos hay que sumar los 126 que ya han sido devueltos a su país por el mismo motivo en los cinco primeros meses de 2008.

Si se echa la vista atrás, la tendencia respecto a 2006 es de un descenso de un 18,4%, pues entonces fueron más de 350 los expulsados, según los datos de la Inspección de Trabajo de Pontevedra.

Por nacionalidades, el grupo más numeroso de los expulsados (30) procedía de Brasil, aunque alrededor de 40 eran personas de Bolivia y Paraguay.

Para prevenir la presencia de irregulares en el mundo laboral, la Inspección realizó el pasado año unas 3.500 actuaciones en materia de empleo y extranjeria. En ellas los inspectores localizaron a 267 trabajadores ilegales, por los que se impusieron sanciones que superaron los 1,6 millones de euros.

Según informó ayer el Subdelegado del Gobierno en la provincia, Delfín Fernández, la multa por contratación ilegal repercute tanto en los trabajadores como en los contratantes. Así, un irregular es sancionado con 305 euros, mientras que el patrón tendrá que abonar unos 6.000 euros.

Pero la economía sumergida va más allá de los extracomunitarios. Tal y como alertó ayer el jefe provincial de Inspección, José María Casas de Ron, el pasado año descubrieron a unas 1.000 personas procedentes de algún país de la Unión Europea que se encontraban trabajando aquí al margen de la ley. El grupo más numeroso, según Casas de Ron , fue el de los portugueses.

En la actualidad, la provincia de Pontevedra se encuentra a la cabeza de Galicia en número de trabajadores extranjeros. En total, aquí hay 26.473 foráneos con permiso, de los cuales más de la mitad llegaron de países ajenos a la Unión Europea.

Lo peor está en la hostelería 

El sector de la hostelería es en el que hay más extranjeros contratados de forma irregular. El 61% de las sanciones impuestas en 2007 se realizaron a establecimientos de este tipo. También la construcción es otro de los puntos negros en esta materia (con el 15% de las multas). Precisamente es en este sector en el que los inmigrantes que viven en Vigo más sufren las consecuencias del parón inmobiliario. «Muchos ciudadanos de mi país se han quedado sin trabajo como obreros», señala el cónsul de Uruguay en Vigo, Jorge Burgos. Además, añade que «los inmigrantes buscamos un contrato no trabajar ilegalmente porque es la única forma de quedarnos aquí».

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