El sindicato CSI-CSIF ha anunciado que denunciará "a todos los que han vilipendiado, insultado y vejado" a un funcionario de prisiones de Sevilla que ha sido absuelto de las acusaciones de trato degradante a los presos.

CSI-CSIF exige a la Asociación Pro Derechos Humanos , que ejerció la acusación particular, que rectifique públicamente, ya que tildó al funcionario de "torturador sádico que disfrutaba abusando de los internos".

El sindicato señala que "a pesar de que la presunción de inocencia no se tuvo prácticamente en cuenta en casi ningún momento, e incluso la Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla tomó interés especial en la acusación contra el funcionario, no se han probado los hechos acusatorios".

El funcionario fue acusado de haber aplicado a un preso una lavativa para que expulsara la droga que llevaba en el recto"Desde el CSI-CSIF de Prisiones, una vez más, denunciamos la falta de mediospara desarrollar nuestro trabajo y la inseguridad en los Centros Penitenciarios, las agresiones sufridaspor los trabajadores y, por supuesto, la carencia de apoyo de la Administraciones", asegrua el sindicato.

El jefe de servicio de la prisión Sevilla-II J. A. A. C. ha sido absuelto de un delito de trato degradante a dos presos, por el que la Fiscalía pidió para él seis años de cárcel, porque la versión de los reclusos se vio contradicha por todos los demás testigos.

El funcionario fue acusado de haber aplicado a un preso una lavativa, con objeto de que expulsara la droga que llevaba en el recto, y de haber desnudado y sometido a humillaciones a otro interno.En el juicio, el funcionario negó haber aplicado una lavativa al preso M. G. S. o haberle amenazado, él mismo o alguno de sus compañeros, con hacerlo si no expulsaba la droga voluntariamente.

Sí que le advirtió, en cambio, de que podía ponerle en aislamiento hasta que evacuara las dos bolas de hachís, de 6 y 14 gramos, que el 24 de marzo de 2004 se había introducido en el recto tras un encuentro vis-a-vis en la prisión Sevilla-II.

En cuanto al segundo delito contra la integridad moral que le imputó el fiscal, cometido supuestamente el 2 de mayo de 2004 al obligar al preso A. M. N. a desnudarse, hacer flexiones y tocarse los genitales, el procesado aseguró que ese día no estaba trabajando. Tres asociaciones de defensa de los derechos humanos y de lucha contra la droga se personaron en la causa y pidieron para el jefe de servicio siete años de cárcel y tres años y medio de inhabilitación para ejercer como funcionario de prisiones.

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