El pasado año 2007 los consulados de España en Shangái, Pekín y Lagos concedieron 5.668 visados de reagrupación familiar. De ellos, 177 fueron sometidos con anterioridad a análisis de ADN para confirmar la paternidad. Los resultados: 85 confirmaron la paternidad y sólo uno dio negativo.

Éste es el sistema que aplica el Ministerio de Asuntos Exteriores para, antes de conceder visados, poder determinar la autenticidad del parentesco cuando los documentos oficiales de la persona no ofrecen la suficiente confianza, según la información de El Periódico de Catalunya.

Fuentes de Exteriores dicen que el análisis es voluntario y que no se aplica a todos los solicitantes, sino solo a aquellos de cuyo parentesco se duda. Para realizarlo, el ministerio envió a estos tres consulados equipos de análisis de ADN.

"Graves consecuencias familiares"

Pese a que son voluntarios, esta clase de análisis suscita críticas. Alicia Sánchez Masip, abogada y miembro de la Asociación Catalana de Profesionales de Extranjería (ACPE), duda "de la conveniencia de, para conceder un visado, pedir una prueba tan íntima como un análisis de ADN que, según qué resultados dé, puede tener graves consecuencias familiares". Sánchez Masip continúa: "Imagínese que un inmigrante descubre que su hijo no es suyo".

La de ADN no es la única prueba médica que se realiza en los consulados. En países africanos, caso de Senegal, se realiza también otra -denominada gamagrafía ósea- que permite conocer si un joven es o no menor de edad.

Órdenes contradictorias

Con este tipo de pruebas, el Ministerio de Exteriores se reserva la posibilidad de denegar un visado previamente concedido por la subdelegación de Gobierno. Según fuentes ministeriales, la aparente contradicción tiene su razón de ser: los funcionarios, desde España, no poseen en muchos de los casos los elementos suficientes para poder afirmar a ciencia cierta que los documentos que se presentan coinciden con la realidad de quien los presenta.

El hecho de que la decisión final quede en manos de un cónsul ha llevado al Defensor del Pueblo, CCOO, Cáritas e Iniciativa (ICV-EUiA), entre otras organizaciones, a denunciar actuaciones consulares "injustas". Según esas instituciones, pedir un visado es, en países como Pakistán, República Dominicana, Senegal y Marruecos, una pesadilla de retrasos y arbitrariedades.