El Ayuntamiento de Sevilla ha sido condenado a pagar 24.000 euros de indemnización a una vecina por las molestias que le causó durante tres años un botellón juvenil bajo su ventana, contra la que el consistorio no actuó pese a su "evidencia y reiteración".

Se trata de la mayor indemnización concedida hasta ahora en España por este tipo de problema. El juzgado de lo Contencioso 5 de Sevilla entiende que el Ayuntamiento incurrió en una dejación de funciones por no actuar pese a las reiteradas denuncias y llamadas a la Policía de los vecinos y pese a tener el "amparo legal" para hacerlo.

La vecina, residente en la Ronda de Capuchinos, sufrió al menos durante los años 2004, 2005 y parte de 2006 la presencia de dos discotecas y de un botellón en la calle, donde la propia Policía Local llegó a contabilizar a 750 personas, muchas de ellas haciendo ruido a menos de un metro del dormitorio de la denunciante.

La sentencia hace un relato dramático de la situación creada por los "gritos, reyertas, coches-discoteca, vomitonas, olor a orines y gran cantidad de botellas y bolsas en el suelo" hasta las cuatro de la madrugada y, "en el caso de los más recalcitrantes, hasta las siete" desde el jueves al sábado de todas las semanas.

Los ruidos de la limpieza, aún peor 

A las siete de la mañana -añade la sentencia- la empresa de limpieza municipal Lipasam empezaba a recoger las cientos de botellas que quedaban por el suelo y "producía más ruidos que los jóvenes, pues en vez de limitarse a recogerlas las rompía en el acerado con mazas de madera para luego absorberlas".

Considera la juez que la demandante padeció un daño moral doble, pues junto a la vulneración de su intimidad sufrió "la impotencia de ver que las fuerzas del orden, que tienen el deber de velar por su integridad física, no ponían fin a la agresión de que estaba siendo objeto, pese a su evidencia y reiteración"

La afectada recibirá 24.000 euros por el mal funcionamiento del servicio público, en una indemnización que tiene en cuenta, entre otros, la depreciación de un 128% en el valor de su piso, una vivienda que "se sabe socialmente sometida a una contaminación acústica intolerable".

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