"Hemos hecho algunas modificaciones con el propósito de preservar el funcionamiento de los mercados a futuro", dijo en rueda de prensa el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
El conflicto estalló en marzo, cuando el Gobierno anunció un régimen de retenciones (impuestos) móviles a las exportaciones de grano que fue rechazado por los productores agropecuarios y desató una crisis que costó el cargo al entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, y ha producido un duro desgaste a la presidenta, Cristina Fernández.
Lo que pide el campo
Los productores rurales exigen la derogación de un esquema tributario que consideran "confiscatorio" y reclaman una política integral para el sector, incluyendo la producción de leche y de carne vacuna.
El anuncio oficial se ha producido en medio de un parón en las negociaciones, suspendidas el pasado lunes unilateralmente por el Gobierno en respuesta a las críticas de las organizaciones agrarias, que el miércoles iniciaron la tercera fase de huelga comercial en este conflicto.
La nueva medida
La nueva medida del Gobierno rebaja las retenciones por exportaciones de soja, girasol, trigo y maíz a una tasa límite del 52,7 por ciento, frente a una máxima del 95 por ciento prevista en el esquema decretado el 11 de marzo pasado. El tope de las retenciones se aplicará cuando los granos alcancen precios muy superiores a los actuales y lleguen a los 900 dólares por tonelada para el girasol, los 750 dólares por tonelada para la soja y los 400 para el maíz y 600 para el trigo.
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