Según la sentencia de la sección primera de la Audiencia Provincial, el hombre, de 41 años y nacionalidad ecuatoriana, además de cumplir la pena de prisión deberá indemnizar a la menor, G.J.M., con 12.000 euros. El tribunal considera que las agresiones sexuales han quedado probadas a pesar de que tanto los padres de la niña como la propia víctima se retractaron y declararon en el juicio que no existió acceso carnal.

Los jueces consideran sin embargo que hay prueba de cargo suficiente para destruir la presunción de inocencia del acusado, que niega los hechos. En los fundamentos de derecho la sentencia señala que el cambio en la declaración de la menor se debe a la relación de parentesco con el agresor "y sobre todo por su pena confesada por lo mal que lo están pasando sus primos con su padre en la cárcel".

Informe forense y ginecológico

Agrega la sentencia que otra prueba directa es el informe forense y ginecológico que ponen de manifiesto la existencia de dos desgarros en el himen como consecuencia de relaciones sexuales con penetración. Asimismo la versión de la víctima de que había tenido relaciones sexuales con su novio, compañero de clase, "ha quedado plenamente desvirtuada por el testimonio de sus dos profesoras tutoras" que dijeron estar seguras de que no tenía novio.

La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial relata que el acusado disponía de las llaves de la casa de la menor por la buena relación que mantenía con su cuñado, E.R.M., padre de la niña y que, aprovechando la ausencia de los padres, acompañaba a su casa a su sobrina. En ausencia de los progenitores, sometía a la menor a tocamientos en glúteos, pechos y sexo, y "la penetró varias veces en distintas ocasiones sin que se haya podido determinar su número".

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