Fuentes del caso aseguraron que se trata de una pieza separada procedente de este caso contra el blanqueo de capitales, en la que se han investigado los datos fiscales de provisiones de fondo, aunque no suponen grandes cantidades, según dijeron.

El juez que instruyó este caso Miguel Angel Torres dictó el pasado día 31 de julio de 2007 el auto de transformación de diligencias previas a procedimiento abreviado de esta causa, en el que procesaba a 22 personas, entre las que figura Del Valle, que ocupa "un papel fundamental en todo el entramado de blanqueo".

En esa resolución, se precisaba que el despacho de abogados constituyó 523 sociedades, de las que 139 estaban situadas en 14 paraísos fiscales, como Delaware, para, presuntamente, ocultar los fondos ilícitos supuestamente procedentes de delitos como tráfico de drogas, venta de armas o la prostitución.

La investigación comenzó en el mes de septiembre de 2003 y permitió constatar la existencia de numerosas conexiones de dicho bufete con grupos del crimen organizado internacional y con numerosos sujetos supuestamente implicados en España o en el extranjero en actividades delictivas graves.

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