El presidente de esta entidad, José Prado, pronostica que a finales de este año se alcanzarán las 25.000 casas a la espera de compradores porque la venta está «totalmente paralizada» y ha caído «radicalmente».

Prado asegura que en este momento la situación del sector en la Costa del Sol es de «una crisis bastante profunda».

Los constructores y promotores consideran que la demanda «se ha asustado» y los clientes «han sido engañados» porque la reacción del mercado «no es real, no tiene lógica ni coherencia».

Responsabiliza del desinterés de la población por comprar a los anuncios de políticas gubernamentales encaminadas a garantizar el acceso a la vivienda (su abaratamiento) y su disfrute como un derecho.

El presidente de esta asociación culpa de la crisis a los agentes sociales y económicos, y sobre todo, a las promesas políticas de vivienda, y ha tachado las declaraciones de estos representantes de «manipulación» de la demanda.

Para Prado, a nivel nacional el Ministerio de Vivienda ha tenido una influencia «muy negativa» y «ha enrarecido el mercado» con las promesas de bajar el precio de la vivienda.

En el ámbito regional, hay un «intervencionismo brutal», que se demuestra en la paralización de los planes generales de ordenación urbana (PGOU).

Sin embargo, la Junta (competente en aprobar los PGOU) y colectivos ecologistas argumentan que los municipios no pueden prever un crecimiento de viviendas tan importante porque hay que preservar los recursos naturales (el consumo de agua se dispararía, por ejemplo).

Pero la vivienda no va a abaratarse

A pesar de la paradoja de que existen grandes dificultades económicas para acceder a la vivienda aunque existen miles de casas nuevas sin comprar, los constructores y promotores han asegurado que los precios no bajarán.

El motivo es que estas empresas tienen que pagar impuestos, el alto precio del suelo y los gastos de construcción, y guardar para ellas unos beneficios.

Además han alertado de que cuando se acaben las viviendas que ahora están sin vender «no va a haber ofertas».

Los promotores están negociando con la Junta la posibilidad de que parte de este stock de vivienda libre (las casas que no superen los 174.000 euros) pueda convertirse en inmuebles de protección oficial .

La asociación está contactando con sus miembros para ver qué porcentaje de viviendas podría acogerse a este cambio.

Prado ha advertido de que esta situación «tan abrupta» no se ha producido nunca. «Se han embolsado varias crisis en una», ya que existe una falta de confianza de las entidades bancarias que desemboca en problemas de financiación para los promotores, por lo que estos deciden no embarcarse en nuevos proyectos, explica.

Dicho fenómeno se observa en el número de viviendas visadas (inspeccionadas por el colegio de Arquitectos para darles el visto bueno desde el punto de vista técnico).

Éstas han caído un 35,5% en 2007 en la Costa del Sol, hasta las 29.432. En el primer trimestre de este año el descenso ha sido del 53% respecto al mismo periodo del año pasado.

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