El Gobierno español teme que la recién aprobada
legislación sobre inmigración en Italia, que convierte en
delito la inmigración ilegal, haga que los
flujos migratorios se desvíen a otros países, en concreto a España.
El
secretario de Estado para la UE,
Diego López Garrido, ha trasladado este mensaje a su homólogo italiano, el ministro de Política Comunitaria,
Andrea Ronchi, en una reunión mantenida este jueves. Ronchi ha acudido a la sede del
Ministerio de Asuntos Exteriores para explicar las acciones aprobadas por el Gobierno de
Silvio Berlusconi contra la inmigración clandestina.
López Garrido ha declarado en rueda de prensa que
ha expresado el "respeto" a la decisión del Gobierno italiano sobre el tratamiento como delito de la inmigración ilegal, pero ha insistido en que no contribuye a la política común europea y que este tipo de acciones deben ser
"dialogadas y reflexionadas" con los demás países de la UE.
El Gobierno de Berlusconi aprobó ayer miércoles en su primer Consejo de Ministros
considerar un delito la inmigración ilegal. Los 'sin papeles' podrían ser condenados
hasta a cuatro años de cárcel. Entre otras cosas, se exigirán
pruebas de ADN que verifiquen parentescos y
se comprobarán los ingresos del extranjero que quiera vivir en Italia.
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