La Xunta culpa a las "políticas restrictivas europeas" de pérdidas de 30 millones desde 2016 en la pesca gallega

  • La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha criticado que "las políticas restrictivas" de la Comisión Europea han provocado "10 millones de euros de pérdidas" al sector pesquero gallego cada año "en los últimos tres años".
Consello galego de Pesca de 2019
Consello galego de Pesca de 2019
EUROPA PRESS

Quintana ha asegurado este jueves en declaraciones a los medios previas a la celebración del Consello Galego de Pesca, que estas pérdidas han sido fruto de la normativa europea, que afecta directamente a España y, consecuentemente, a Galicia.

En este evento, la conselleira se ha reunido con empresarios e investigadores de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) para compartir un informe sobre el impacto económico que tiene la restricción de un tipo de pesca en las flotas gallegas.

En concreto, la modalidad de pesca que la Comisión Europea ha prohibido a sus países miembros es el denominado 'finning'. Consiste en capturar tiburones u otros escualos, cortarles las aletas y tirar el cuerpo del animal al agua otra vez.

El órgano europeo ha decido poner fin a esta práctica en aguas europeas. Aunque fuentes de la Consellería aseguran que esta prohibición no se aplica a todas las flotas, solo a las de los países miembros.

Esto afecta directamente al sector gallego, a pesar de que los palangreros de superficie de la Comunidad aprovechan todo el tiburón y no lo tiran por la borda, según han asegurado las mismas fuentes.

AFECCIÓN A LA FLOTA GALLEGA

Han explicado que lo que hace la flota gallega es cortar la aleta antes de llegar a puerto para poder almacenar el pescado de forma más óptima. Por lo tanto, esta medida hace que los pesqueros necesiten más espacio para almacenaje.

Hasta el momento, la Consellería no contaba con un "estudio oficial", pero con el informe elaborado por la USC, se presentarán "argumentos científicos" para "demandar la necesidad de no tener unas normas tan restrictivas" a las Comisión Europea.

La idea es entregarlo al Gobierno central para que lo traslade a Bruselas, ya que la "flota cuenta con la ventaja de que el precio del gasoil es asequible y se puede mantener el beneficio de las empresas, pero si sube se verá perjudicada su rentabilidad económica".

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