El quiosco de Grosso abre el debate sobre la política de enajenación de bienes públicos

  • La venta del Valcárcel también es tachada de "despotismo ilustrado".
  • Crece la protesta contra la concesión del bello mirador de Cádiz.
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Este paisaje podría desaparecer de la mirada de los vecinos de Santa María del Mar si se construye el restaurante. M. V.
Este paisaje podría desaparecer de la mirada de los vecinos de Santa María del Mar si se construye el restaurante. M. V.
M.V.
Este paisaje podría desaparecer de la mirada de los vecinos de Santa María del Mar si se construye el restaurante. M. V.

Tras la concentración de la noche del martes contra el nuevo restaurante-mirador de Pablo Grosso, que reunió a más de doscientas personas entre vecinos, ecologistas y miembros de los partidos de la oposición municipal, se ha abierto el debate sobre la enajenación de bienes públicos en la ciudad para favorecer "intereses privados".

El polémico quiosco-restaurante que ha sido adjudicado a la conocida firma de catering en uno de los más hermosos miradores de la capital, en el paseo marítimo de la playa de Santa María del Mar, ha servido para sacar a la palestra otras operaciones, como la venta del hermoso Edificio Valcárcel, antes propiedad de la Diputación Provincial, a un touroperador para que construya un hotel de cinco estrellas.

El portavoz de la Plataforma por un PGOU Alternativo, el ecologista Daniel López, se ha mostrado en todo caso esperanzado porque, dice, lo sucedido con la concesión a Pablo Grosso ha dado al traste con la apatía ciudadana frente a este tipo de operaciones y ha demostrado que los gaditanos y gaditanas están "hartos de tanto despotismo ilustrado puesto al servicio de los intereses privados".

López apuntó que lo que se ha concedido al Grupo Grosso es un "privilegio" por entregársele uno de los miradores más impresionantes de la capital. "El PGOU no permite ni esta altura ni esta volumetría, que destroza la mirada del paisaje actual", continuó.

Dada las características del establecimiento anunciado, y la duración de la concesión, quince años prorrogables en otros veinte, los vecinos y ciudadanos opositores al proyecto creen que la adjudicación va a ser de todo menos provisional, como establece el PGOU.

La Plataforma por un PGOU Alternativo la integran la Federación de Vecinos 5 de Abril, Ecologistas en Acción, la Asociación Gaditana para la Defensa de la Naturaleza (Agaden), Los Verdes, Izquierda Unida, la Federación de Consumidores Facua, la Asamblea por una Vivienda Digna y la Asociación Pro Derechos Humanos, pero en la manifestación del martes, además de numerosos vecinos espontáneos de la zona, también había miembros del Partido Socialista y hasta una religiosa.

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