Es un hecho reconocido que en 2017 el Gobierno español perdió la batalla por el relato internacional frente al independentismo. Hasta el expresidente Mariano Rajoy ha reconocido que la difusión de las cargas policiales contra personas que iban a votar el 1-O fue demoledora y provocó que la opinión pública internacional virara hacia la comprensión a los independentistas. Dos años después, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, lucha para evitar algo parecido con una estrategia que ha incluido desde mensajes de sus ministros en redes sociales hasta el estudio de la evolución en ellas de los mensajes contrarios a España, pasando por una intensa presencia en los medios de su ministro del Interior para ir explicando el desarrollo de los acontecimientos.

Este mismo viernes, Sánchez ha intentado quitar hierro a la opinión que cuatro noches ya de disturbios en Barcelona ha dejado entre sus colegas de la UE. Según ha dicho desde Bruselas al término del Consejo Europeo, no le han expresado más que "el interés mediático" por "este tipo de imágenes". Preguntada en Madrid por cuál es el ambiente entre los ministros en el Consejo de Ministros ante los últimos días y las jornadas complicadas que aún puedan producirse, la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, se ha limitado a decir que es de "responsabilidad". Así lo ha asegurado al término de la reunión semanal donde se ha pedido al Tribunal Constitucional que anule el Plan de Acción Exterior de la Generalitat 2019-2020 por "desprestigiar la imagen de España".

Sin embargo, la procesión va por dentro y el Gobierno lleva días desplegando una estrategia encaminada no solo a transmitir mensajes de tranquilidad entre los habitantes de Cataluña, sino también de cara a la opinión pública internacional.

Los propios ministros fueron de los primeros en ponerse manos a la obra con la campaña #everybodysland ("La Tierra de Todos") para difundir por redes sociales y en varios idiomas la idea de que España es una democracia consolidada a pesar de las acusaciones de todo lo contrario porque el Tribunal Supremo ha condenado a doce políticos catalanes por organizar el referendum del 1-O. No obstante, ni el formidable éxito que cosechó el ministro de Ciencia, Pedro Duque, explicándose en ruso ha evitado que este viernes la Junta Central Electoral haya prohibido la difusión de estos vídeos hasta que se celebren las elecciones del 10-N.

También se detectan otras vías de agua, como la instrucción que este mismo viernes han dado algunos países, entre ellos EEUU, a sus ciudadanos para que eviten viajar a Cataluña y si ya están allí, que extremen las precauciones. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tratado este viernes en contrarrestar este mensaje asegurando que "se puede visitar Barcelona con total normalidad, porque son solo grupos reducidos los que provocan incidentes en momentos y lugares concretos", ha dicho en una rueda de prensa donde el escenario que ha pintado no era precisamente de tranquilidad. Según ha dicho, ya se ha detectado la llegada de grupos de violentos a Cataluña desde el País Vasco y otros países en previsión de un fin de semana que se antoja complicado.

Precisamente, el ministro del Interior es una pieza clave del intento del Gobierno por no perder la batalla del relato, en este caso, intentando ser todo lo transparente que las cautelas de seguridad permiten. Grande-Marlaska preside por parte del Gobierno el comité de seguimiento de la situación en Cataluña que se reúne diariamente. A riesgo incluso de "quemarlo", el ministro tiene la intención de comparecer ante la prensa para dar explicaciones todos los días, incluso dos veces en algunas jornadas, como este viernes. Ya ha comparecido esta mañana y está previsto que lo haga a última hora de la tarde.

En sus mensajes tiene un papel clave algo que también sirve para asentar el relato y que en 2017 falló de forma estrepitosa. Se trata de la labor de los cuerpos policiales ante los actos de violencia. En esta ocasión, el Gobierno de Sánchez cuenta con algo que no tuvo el de Rajoy, la "extraordinaria" cooperación que ahora están demostrando mossos, policía nacional y guardia civil. El Gobierno no se cansa de repetir que su actuación sigue los principios de "proporcionalidad" y "necesidad" a cada situación dada. Para los dos presidentes, en 2017 y ahora, era una cuestión clave, pero solo Sánchez lo ha conseguido, lo que no impide que los altercados estén dando imágenes potencialmente perjudiciales para España en el exterior. Curiosamente en dos direcciones opuestas, que Grande-Marlaska ha tenido que explicar este viernes.

Frente a lo que se denuncia desde la derecha, ha rechazado que existe connivencia ninguna entre los Mossos d'Esquadra y los alborotadores, después de una imagen de anoche de un agente hablando con uno de ellos. Según el ministro, "un hecho no es la realidad". Por la otra, también ha defendido a la Policía Nacional frente a los ataques desde el lado independentista, donde se les acusa de no haber intervenido también en la noche del jueves para evitar que un chico fuera apaleado por un grupo de ultras. Muestra de ello, ha dicho, es que uno de los agresores ya ha sido identificado y será detenido.

Además de las versiones contra el Estado que se difunden sobre lo que pasa en las calles, el comité de crisis que se reúne todos los días en Moncloa desde el 10 de octubre no pierde ojo de lo que ocurre en las redes sociales, con el análisis de etiquetas concretas y su evolución, así como la difusión que tienen determinados vídeos. Para evitar que todos muestren acciones de los cuerpos policiales contra los que protestan, Moncloa también ha difundido los suyos propios, que dan una imagen opuesta de los disturbios.

Allí, representantes de diversos organismos de inteligencia analizan "las narrativas" que se emplean para "polarizar la audiencia" y el efecto de la redifusión masiva de imágenes para intentar presentar a los agentes policiales como "provocadores" e "inflitrados". El Gobierno también está haciendo un seguimiento sobre ciberataques y ataques a infraestructuras críticas, que desde el martes pasado en el aeropuerto de El Prat, no han vuelto a producirse.