La citada moción ha sido votada después de que el Tribunal Supremo haya condenado a penas de entre nueve y 13 años de cárcel a los nueve exmiembros del Gobierno catalán, del Parlament y de Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural encarcelados por el proceso independentista de 2017, atribuyéndoles delitos de sedición y malversación de fondos públicos en función de cada caso.

Dados los graves disturbios desencadenados en Cataluña tras dicha sentencia, la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, ha avisado de que "la amenaza real de ruptura de la unidad (de España) requiere un posicionamiento claro y contundente" en defensa del carácter "indisoluble de la nación".

Con el voto contrario de Adelante y el apoyo de Vox, el PSOE, el PP y Cs, han sido aprobados los puntos de la moción destinados a declarar a Sevilla como "ciudad defensora de la unidad de España" y a condenar la declaración unilateral de independencia de Cataluña, precedida del conocido referéndum al margen de la ley del 1 de octubre de 2017, si bien no ha prosperado la petición de prohibir la recepción institucional a cualquier cargo público de Cataluña condenado, procesado o investigado por hechos relacionados con aquella declaración.

Tal extremo ha sido apoyado por Vox y el PP, pero Cs se ha abstenido recordando el "sagrado principio de presunción de inocencia" y que el Tribunal Constitucional ha "apercibido a los municipios que han declarado a personas como no gratas al no haber una ley habilitada para ello". Adelante ha votado en contra de este punto avisando de que Vox quiere llevar España "40 años atrás" y el PSOE también ha votado en contra por la "doble discriminación" contra personas que cuentan con su presunción de inocencia y que además serían "señaladas" sólo por su condición de ser catalanes.

EL PP INVOCA SU ACUERDO DE 2017

En el caso del PP, que ha votado a favor de todos los puntos, ha reprochado a Vox que proclamase que con su moción Sevilla es la "primera ciudad" en declararse como "defensora de la unidad de España", cuando en octubre de 2017 el pleno ya se pronunció a instancias del PP en defensa de la unidad de España y el restablecimiento del orden constitucional en Cataluña.

No ha sido aprobada, por contra, otra moción de Vox en defensa de la libertad religiosa y en demanda de revocar el acuerdo plenario de 2016 que reclamaba la retirada de la denuncia y la acusación promovida contra las mujeres que protagonizaron la manifestación del "coño insumiso", portando en andas por la calle una vagina de látex de grandes dimensiones en el marco de una protesta por los derechos laborales femeninos.

Peláez ha criticado duramente aquella "intolerable, rastrera, ruin y miserable burla a los sentimientos religiosos", toda vez que el Juzgado de lo Penal número 10 ha absuelto a las tres mujeres acusadas bajo la premisa de que su "finalidad no era ofender los sentimientos religiosos". Peláez ha criticado que con el citado acuerdo plenario se intentase "influir en un proceso judicial" e "intervenir" en las decisiones del mismo e incluso ha dicho que es una "aberración que un alcalde llame a un juez de Instrucción para instarle a que desestime una querella criminal". Al punto, Juan Espadas ha negado inmediatamente que tal extremo sucediese y el PSOE ha avisado que tan sólo se remitió el acuerdo plenario "a las instituciones correspondientes" al ser aludidas las mismas.

VOX NO PERMITE LA VOTACIÓN SEPARADA

Aunque diversos grupos municipales han pedido a Vox la votación separada de los puntos para mostrar su respeto a la libertad religiosa, Vox se ha negado a ello y al ser votada la moción en su conjunto, no ha prosperado al votar a favor Vox, el PP y Cs pero oponerse el PSOE y Adelante.

Al respecto, Cs ha avisado de que el Consejo General del Poder Judicial "instruyó una queja de la magistrada instructora" por el acuerdo plenario, que ha considerado "intolerable", pero ha señalado la sentencia absolutoria, indicando a continuación que la misma "no es firme", lo que le ha llevado a lamentar el tratamiento plenario del asunto.

El PP ha opinado que el Ayuntamiento "nunca tendría que haber enviado una carta ni a la Fiscalía ni al magistrado del asunto", tras lo cual el PSOE ha aclarado que como el resto de los acuerdos plenarios, éste fue remitido "a las instituciones correspondientes" al estar afectadas por el contenido, negando así la idea de la "carta".

Adelante, por su parte, ha celebrado la absolución de las acusadas y ha lamentado la "persecución" promovida en su contra por la Asociación de Abogados Cristianos y ha avisado de que las procesiones son ritos tanto del cristianismo como de otras religiones, toda vez que Cristina Peláez ha finalizado acusando al PSOE de usar "las prácticas comunistas más abyectas de la Humanidad".