"¿Cómo es posible la existencia de este anuncio cuando 3.000 personas se presentaron al sorteo?". Los afortunados que consiguieron uno de estos pisos fueron renunciando a ellos al requerirles las empresas "avales bancarios de un año de renta -unos 5.000 euros- en lugar del estipulado en los pliegos de condiciones, que era de un mes -unos 350 euros-".

Varios afectados denunciaron a Público, que llegaron a pedirles avales por cinco años lo que supone unos 25.000 euros. Parte de esta promoción estaba destinada a menores de 35 años, mayores de 65 y discapacitados. Como requisito era imprescindible no superar los 30.000 euros en ingresos. "¿Cómo podrían así avalar 25.000?"

Pago del Impuesto de Bienes Inmuebles

Además, un informe firmado por el inspector municipal Antonio Ortiz de la Osa, del 8 de abril de 2008, deja claro, que además de "los avales una de las inmobiliarias exigía a los futuros inquilinos el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, que "aunque legal, no es fiel al fin de este concurso".

La promoción tendría que haber dejado una reserva para una decena de discapacitados. "El Defensor del Ciudadano de Granada, Melchor Saiz-Pardo Rubio, lleva el caso de Isabel Domíngez, una mujer de 38 años que padece una discapacidad del 87% y que se vio obligada a renunciar al piso que le tocó porque no estaba adaptado. En el sorteo público celebrado el 7 de mayo de 2007, Isabel quedó en el 5º puesto de la lista de espera".

"El piso no está adaptado a una persona con discapacidad. La silla de ruedas con la que me desplazo apenas cabe en el pasillo; para salir al patio me topo con dos escalones, uno por dentro y otro por fuera; los armarios empotrados tienen demasiada altura y, en lugar de plato ducha, el baño lleva bañera y lavabo con pie. Además, no incluye el trastero, que nos viene muy bien para guardar la silla".