A las puertas del Pleno monográfico del Parlament de este jueves sobre la sentencia del procés, el Tribunal Constitucional ha advertido este miércoles al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y al presidente de la Cámara, Roger Torrent, de "impedir o paralizar cualquier iniciativa" que ignore la anulación, también este miércoles, de la resolución parlamentaria del 25 de septiembre en la que, entre otras cuestiones, se reconocía el "derecho inalienable del pueblo de Cataluña a la autodeterminación" y se exigía la retirada de la Guardia Civil. Si no, el tribunal advierte de "las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en que pudieran incurrir".

El Tribunal Constitucional ha anulado este miércoles varios apartados de dos resoluciones del Parlament, tal y como había pedido el Gobierno, que el viernes pasado le planteó sendos incidentes de ejecución de sentencia al considerar que tales textos inclumplían sentencias previas del Tribunal Constitucional.

Tal y como ya había hecho en otra ocasión anterior, el Consejo de Ministros también pidió al Constitucional que apercibiera a dirigentes políticos catalanes para que no repitieran declaraciones como la impugnada. La novedad en este caso es que, además de a Torrent y resto de miembros de la Mesa del Parlament, en esta ocasión el Gobierno también pidió al Constitucional que apercibiera a Torra y al resto de miembros del gobierno catalán, algo que el tribunal ha hecho este miércoles.

A todos "se les advierte de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir", dice la resolución del Constitucional.

Las dos resoluciones anuladas en parte fueron aprobadas en el Parlament el 25 de septiembre en el marco del debate sobre orientación política general de la Generalitat pocos días después de la detención de varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) por sus presuntos planes para atacar con explosivos varias infraestructuras de Cataluña. En parte, algunos de los textos fueron reacción a estos arrestos, pero también a la sentencia del Tribunal Supremo de este lunes.

Los puntos impugnados por el Gobierno hacen referencia a la "defensa del Estado de derecho, de los derechos civiles y políticos", sobre el "Diálogo con el Gobierno del Estado", una "Respuesta de consenso ante la stnencia del juicio al procés" y el "Reconocimiento y ejercicio del derecho de autodeterminación y exigencia de amnistía".

Entre sus puntos, hay descalificaciones a los miembros del Poder Judicial, denuncias de "abusos a los derechos políticos y sociales" a los ya condenados. Las fuerzas independentistas del Parlament aprobaron exigir la "dimisión inmediata de la delegada del Gobierno del Estado en Cataluña, Teresa Cunillera", así como "la retirada de Cataluña de los efectivos de la Guardia Civil".

Otras de los puntos que han sido anulados este miércoles por el Constitucional y que los líderes catalanes deberán no repetir para no incurrir en responsabilidades penales son el "rechazo" a la vía "judicial y represiva adoptada por los poderes del Estado en respuesta a la demanda legítima de la ciudadanía de Cataluña para decidir el futuro político de manera colectiva y democrática".

También, la "apuesta por las vías políticas y la búsqueda de soluciones democrátcias para hacer efectivo el futuro de Cataluña según lo que el pueblo de Cataluña quiera" o la ratificación de "la defensa del ejercicio del derecho de autodeterminación como intrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo de Cataluña".