El Supremo desmonta en su sentencia el "derecho a decidir", un tótem del independentismo

Unas 12.000 personas, según la Guardia Urbana, están concentradas rodeando el parque de la Ciudadela, donde se encuentra el Parlament de Catalunya para seguir en directo el pleno de este viernes a través de tres pantallas gigantes instaladas en el Paseo Pujades, donde celebran la declaración de independencia.
Unas 12.000 personas, según la Guardia Urbana, están concentradas rodeando el parque de la Ciudadela, donde se encuentra el Parlament de Catalunya para seguir en directo el pleno de este viernes a través de tres pantallas gigantes instaladas en el Paseo Pujades, donde celebran la declaración de independencia.
Marta Pérez / EFE

La sentencia del Tribunal Supremo contra el procés no solo condenó este lunes a entre 13 años y 18 meses de cárcel a los responsables políticos del 1-O. Además de la interpretación que hace del recurso a la violencia ocurrida en septiembre y octubre de 2017, que llevó al Alto Tribunal a condenar por sedición y no por rebelión, la resolución incluye prolijas explicaciones que desmontan presupuestos sobre los que se asentó el proceso independentista, el derecho de autodeterminación y a decidir.

El fallo llega a referirse a "juicio histórico" en el que ha rebatido la excusa de la desobediencia civil o quejas de los acusados sobre un supuesto "trato indigno"o desigualdad de trato entre los testigos.

Derecho de autodeterminación

La sentencia cita varios textos de la ONU donde el derecho de autodeterminación está siempre vinculado a "la preexisstencia de una situación colonial". Incide en que tanto la ONU como la UE excluyen de manera expresa del ejecicio de este derecho cuando "autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos".

También desmonta un caso alegado por las defensas como clave, la resolución del Tribunal Supremo de Canadá que permitió la celebración del primer un referendum de independencia de Quebec. Aunque niega "similitud" con Cataluña, subraya que la corte canadiense descartó "la legitimidad de un proceso secesionista de corte unilateral".

Derecho a decidir

"No existe tal derecho", "en ninguna constitución europea" ni en "ningún tratado internacional", dice el Supremo, que acusa a los líderes del procés de saberlo y, a pesar de ello, haber "enmascarado" su "pretensión política" de presionar al Estado para que negociara un referendum con "argumentos pseudojurídicos".

Según el Supremo, los ciudadanos que votaron el 1-O pensando que ejercían su derecho a decidir, en realidad ejercían un "derecho a presionar al Gobierno central". "No basta la afirmación de Cataluña como sujeto de soberanía y de su parlamento como representación de esa soberanía para provoar el nacimiento de un nuevo Estado", apunta la resolución dictada este lunes.

Para el Supremo, el derecho a decidir "carece de toda lógica" y es un "salto al vacío". Aun reconociendo la legitimidad de cualquier ideario colectivo, dice que "no puede construirse unilateralmente, despreciando a aquellos ciudadanos que tienen algo que decir sobre el modelo de sociedad que quiere construirse después de acabar con la existente".

Desobediencia civil

El Supremo también desmonta la pretensión de Jordi Cuixart de no ser juzgado porque participación en los hechos fue un acto desobediencia civil, que el tribunal defiende y valora, pero también advierte de que puede conllevar sanciones penales. "La falta de sanción demostraría que no hay divergencia con la ley, convirtiendo el acto pretendidamente desobediente en un acto de obediencia al derecho", dice. También convertiría "en ciudadanos de segundo orden" a quienes "se sitúan al lado de la ley".

No obstante, el Supremo sí establece una diferencia entre los millones de personas que votaron el 1-O o los miles que protestaron frente a la Consellería deEconomía en septiembre de 2017 de los responsables políticos, también de la ANC y Omnium Cultural. Subraya que ninguno de los primeros ha sido procesado. Los segundos sí, porque "no dudaron en promover, alentar, amparar las movizilaciones multitudinarias para demostrar que la función constitucionalmente atribuida a los jueces había quedado neutralizada".

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