Según ha informado el Gobierno andaluz en una nota, la mesa de trabajo, que tiene como objetivo desarrollar las tareas técnicas necesarias para redactar el estudio de movilidad de Palmas Altas, ha analizado los avances realizados desde el pasado 30 de agosto -cuando se constituyó la mesa por primera vez-, así como el trabajo que resta para finalizar.

En este sentido, han sido los técnicos de Movilidad de la Consejería de Fomento y los del Ayuntamiento quienes han valorado e interpretado los resultados extraídos de las encuestas realizadas los días 1 y 2 de octubre a los usuarios y trabajadores de la Administración de Justicia para conocer sus hábitos de transportes.

En la reunión mantenida en la sede de la Consejería de Justicia han participado el director general de Infraestructuras y Sistemas de la Consejería de Justicia, Miguel Ángel Reyes; el director general de Movilidad de la Junta, Mario Muñoz-Atanet; el director general de Movilidad del Ayuntamiento, José Lorenzo; el director técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Jorge Almazán; y el director de Puerto de Sevilla, Ángel Pulido Hernández, además de los técnicos.

En la misma, se han analizado los datos extraídos de las 1.405 encuestas realizadas en las sedes judiciales del Prado, Audiencia Provincial, Viapol, Noga y Menara. Según los resultados, en la actualidad el 37 por ciento de las personas que acuden a estos edificios lo hacen en un vehículo motorizado privado, principalmente en coche. El 35 por ciento lo hace en algún medio de transporte público, ya sea en bus (15 por ciento), Metro (diez por ciento), Cercanías (seis por ciento) o MetroCentro (cuatro por ciento). Además, el tiempo empleado para llegar no supera en el 42 por ciento de los casos a media hora.

En cuanto a la forma en la que se trasladarían a una hipotética nueva sede judicial, el 36 por ciento de los usuarios de la Administración de Justicia se decanta por el coche, mientras que en el caso de los trabajadores lo haría el 38 por ciento. Le sigue el Metro con un 35 por ciento en ambos casos y el bus con un doce por ciento.

En cuanto al perfil de las personas encuestadas, el 53,2 por ciento eran mujeres, y el 72 por ciento funcionarios de la Administración de Justicia; mientras que del sector de usuarios relacionados con la Justicia, el 35 por ciento eran abogados.

Todos estos datos se cruzarán con los que se obtengan tras analizar tanto la situación actual de la zona (movimiento de tráfico, accesos, infraestructuras), así como las previsiones de desarrollo futuro de la zona (espacios comerciales, parque de viviendas, etcétera).

Una vez recopilados y volcados estos datos, se podrá ponderar y extrapolar los resultados para fijar las necesidades reales. Esto permitirá la redacción de propuestas a implantar para la mejora de la movilidad de la zona, como la construcción de posibles infraestructuras, la implantación de servicios públicos (bus, metro, Cercanías), medidas de mejora de la movilidad no motorizada (peatón, bicicleta) y diseño de aparcamientos y zonas de estancia para trabajadores y usuarios.

De esta manera, se apuesta por establecer un modelo de movilidad, que pasa por una última fase en la que se estudiará las actuaciones a llevar a cabo, plazos de ejecución y presupuesto necesario.

La finalidad última de este estudio de movilidad sostenible, fundamental para ubicar en Palmas Altas la Ciudad de la Justicia de Sevilla, no es otra que impulsar y estimular, en los desplazamientos recurrentes -ida y vuelta al centro de trabajo, así como desplazamientos generados por la propia actividad profesional- un cambio hacia modos de transporte social y ambientalmente más sostenible.

El Plan de Movilidad es un requisito indispensable para el desarrollo del proyecto y así lo ha transmitido el sector judicial en las reuniones mantenidas hasta ahora para darles a conocer este proyecto.