Así lo ha manifestado Buj en una rueda de prensa en la que ha recordado que ese servicio de recogida selectiva no depende del Ayuntamiento, sino del Consorcio número 8, gobernado por el Partido Socialista.

La alcaldesa ha explicado que en 2016 el Ayuntamiento remitió sus indicaciones al Consorcio para redactar un nuevo pliego con el fin de hacer un nuevo contrato. Desde entonces, se solicita un incremento en el número de contenedores que, en el caso de plásticos pasaría de 134 a 157, lo que supone 23 contenedores más, y en el caso del papel-cartón de 107 a 124 contenedores, 17 contenedores más.

"El número puede parecer no muy abultado pero es más que suficiente, porque la clave de esa solicitud es que además se duplica el número de recogidas, es decir, que pasaría de una vez a dos por semana", ha indicado.

Sin embargo, Buj ha criticado que el consistorio "lleva esperando" a que se produzca ese contrato, desde que remitieron sus indicaciones, y que además supondría la renovación de todos los contenedores que, tal y como ha afeado "están muy deteriorados porque va a haber una nueva adjudicación que nunca llega".

Además, la alcaldesa ha detallado que el hecho de que esta recogida no dependa del Ayuntamiento está impidiendo la actividad de control y ha anunciado un "ultimátum": "Si en tres meses la recogida del cartón-papel y plásticos no se soluciona en la ciudad de Teruel, este Ayuntamiento iniciará los trámites para salirse del Consorcio número 8", ha sentenciado.

FALTA DE INFORMACIÓN

La alcaldesa también ha indicado que el Ayuntamiento en pleno acordó por unanimidad solicitar al Consorcio que se abriera expediente de incumplimiento a la empresa, si bien el expediente "nunca se llegó a abrir". "Se nos contestó con un escrito político, pero es que cuando el concejal de Limpieza solicita por escrito al consorcio que se le pase puntualmente cada semana información de los contenedores que se recogen, esa información no se nos da".

A este respecto, Buj ha defendido que el Ayuntamiento está desde hace tiempo "con las manos atadas" respecto a este "grave problema" de la ciudad, e incluso ha llegado a pensar se está haciendo una "utilización política".

"Es una de las mayores quejas de los turolenses que todo el mundo achaca al Ayuntamiento de Teruel, pero nuestra obligación es velar por el interés de todos los turolenses y por tanto, insisto, o la recogida de papel-cartón y plásticos se soluciona en tres meses o el Ayuntamiento de Teruel abandonará el Consorcio número 8", ah recalcado.

RECOGIDAS EXTRA

Por otro lado, Buj ha detallado que el consistorio pagó al Consorcio en 2018 un total de 911.000 euros, por el servicio mencionado anteriormente, así como el de recogida de basura orgánica, a lo que el Consorcio añadió que se necesitaban recogidas extra que fueron también abonadas por el Ayuntamiento que ahora denuncia que no se lleven a cabo.

"Hemos detectado que cuando pagamos esas recogidas extra el efecto es totalmente el contrario porque se dejan los contenedores llenos para que el Ayuntamiento tenga que volver a pagar por recogidas extras cuando la realidad es que la primera recogida no se ha llevado a cabo", ha aseverado Buj.

La alcaldesa ha reiterado que su intención es saber si la recogida obligatoria se ha hecho porque, "si se ha hecho y no es suficiente, se podría pagar alguna recogida extra", pero de lo contrario, se está "pagando dos veces por lo mismo" al tiempo que ha criticado que no se facilitan esos datos.

Por su parte, el concejal de Limpieza, Juan Carlos Cruzado, ha apuntado que la aplicación móvil con la que los ciudadanos comunican incidencias al consistorio, recogió en el mes de septiembre un total de 159 demandas, de las que 37 (el 23%) estaban relacionadas con basuras y residuos en contenedores, mientras que sólo un 4% se refieren a la limpieza viaria, que sí depende del Ayuntamiento.

"Ese 23% de incidencias, nosotros las remitimos directamente al consorcio y no tenemos ni control sobre ellas ni constancia de que se hayan resuelto", ha añadido.

Según Buj, si el Ayuntamiento sale del Consorcio, el Ejecutivo contrataría ese servicio con una empresa. "Así pondríamos nosotros las condiciones y llevaríamos el control de ese contrato", ha concluido.