La Junta Electoral Central (JEC) ha adoptado este miércoles un acuerdo para advertir formalmente al president de la Generalitat, Quim Torra, que si no les envía el recurso contra la prohibición de los lazos amarillos traducido al castellano antes del viernes 11 de octubre a las 14 horas "dará por no presentado el recurso".

El pasado viernes, la JEC ya "solicitó" por correo electrónico al Govern que tradujese al castellano el recurso y la documentación adicional presentada para que este organismo lo tuviese en cuenta. Ahora "comunica" formalmente que "al haber sido solicitada la traducción antes del viernes 11 de octubre a las 14 horas se dará por no presentado el recurso".

El president de la Generalitat presentó ante este organismo un recurso escrito en catalán en el que pedía la suspensión de la orden de descolgar lazos amarillos, esteladas y carteles relacionados con los independentistas presos de los edificios públicos de la Generalitat.

Presidència hizo público el recurso pocos minutos antes de que expirase el plazo dado por la JEC a Torra, a las 15 horas del viernes. Poco después, la JEC pidió por correo electrónico al Govern que "remita la traducción al castellano del escrito que se adjunta" pero la Generalitat no presentó la traducción porque según fuentes del Govern esta petición llegó "a través de un correo sin seguir el procedimiento establecido para estos casos y sin argumentar los motivos".

En el recurso de reposición, Torra reproduce los argumentos del recurso que presentó la semana pasada en la misma JEC sobre la denuncia presentada por Cs que retirar el lazo amarillo del Palau de la Generalitat donde ya pidió al organismo que no acordase su competencia.

De hecho, en el escrito se hace constar que la semana pasada ya se retiró la pancarta a favor de los presos que había en el Palau de la Generalitat, después de que el TSJC lo ordenase a los Mossos d'Esquadra para dar cumplimiento a una medida cautelar fruto de un recurso de la plataforma Impulso Ciudadano.

Para el presidente, "la campaña electoral no excluye la difusión de otros mensajes de signo político" y "su prohibición total afecta a los derechos fundamentales de los empleados públicos más allá de toda ponderación de proporcionalidad, así como la libertad de expresión de las personas representantes institucionales, que solo puede limitarse por causa legal interpretada restrictivamente".

En este punto, el recurso cita el memorándum del Consejo de Europa en el que "se justifica jurídicamente la necesidad de revisar las actuaciones de Turquía y de España respecto a las restricciones sufridas por los políticos kurdos y catalanes por el ejercicio de la libertad de expresión mientras ejercen sus cargos de representación".

También defiende que el "principio de neutralidad abierta" se refiere a "ámbito de libertad ideológica", que está "relacionado con convicciones íntimas y la legitimidad para tenerlas y expresarlas".