En concreto, este protocolo será creado por parte del la Dirección General de Consumo con la participación y colaboración de las asociaciones de los consumidores de Baleares, especialmente las que están representadas en el Consejo del Consumo de Baleares.

Además, el Parlament insta al Govern a crear puntos de información específicos, tanto telemáticos, como presenciales, para garantizar el derecho a la información de todos los ciudadanos afectados por las hipotecas IRPH.

La iniciativa, una Proposición No de Ley (PNL) presentada por PSIB, Unidas Podemos y MÈS per Mallorca ha sido aprobada con 12 votos a favor y uno en contra (Vox).

Esta propuesta se ha debatido en la Comisión de Salud del Parlament e incluía un punto más que ha sido aprobado por unanimidad. Éste pide al Govern a que firme convenios de colaboración con los colegios de abogados, de economistas y de titulados mercantiles y empresariales de Baleares para dar respuesta a las personas consumidoras y usuarias, afectadas por el IRPH.

La iniciativa ha sido presentada por la diputada socialista Irantzu Fernández que ha señalado que este es "un caso más donde los tribunales pueden reconocer la indefensión de los consumidores, como ya ocurrió en 2016 con las cláusulas techo".

En el debate han intervenido Antònia Martín (Unidas Podemos) y Josep Ferrà (MÈS per Mallorca), que también han defendido y presentado la iniciativa. Además, han participado Maria Antònia Garcia (PP), Idoia Ribas (Vox), Juan Manuel Gómez (Ciudadanos), Catalina Pons (El PI) y Patricia Font (MÉS per Menorca).

ÍNDICE DE REFERENCIA DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

El Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios (IRPH) es un índice oficial elaborado por el Banco de España y se usa para referenciar los préstamos variables a la hora de comprar una vivienda, y es el segundo más utilizado tras el Euríbor.

En opinión de Szpunar los jueces españoles deben estudiar si las hipotecas referenciadas al IRPH fueron comercializadas de forma transparente o no. En caso negativo, deben declararse abusivas y las entidades financieras españolas estarían obligadas a devolver el dinero cobrado de más a sus clientes.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lleva varios años denunciando las claúsulas de este tipo por "ser poco transparentes y abusivas", algo que el Tribunal Supremo negó en 2017 por tratarse de un tipo oficial. Para la OCU, el dictamen emitido por el abogado general del TJUE, supone un "favorable precedente", ya que no es definitivo, para compensar a las personas que haya usado el IRPH.