En un comunicado este miércoles, el Síndic ha explicado que la situación afecta a los trámites de autorizaciones de residencia por arraigo y los de solicitud de asilo, ante lo que ha pedido a su homólogo estatal que actúe para mejorar los mecanismos de asignación de cita previa.

Ribó ha invitado a los afectados a presentar una queja ante su institución, tras tener conocimiento a través de medios de comunicación de la situación, y ha alertado de que es "insostenible porque repercute en personas extranjeras que tienen que adjuntar documentos con una validez condicionada a una fecha de caducidad".

"Esto se traduce en la posibilidad de que estas personas sean objeto de un procedimiento de expulsión si no acreditan que disponen de cita para regularizarse", ha alertado.

Sobre la dilación excesiva de los plazos en los que se obtiene una cita para formalizar solicitudes de protección internacional, el síndic ha considerado que "comporta una lesión de derechos" porque presentar la petición reconoce el derecho a la asistencia de servicios sociales y de acogida para cubrir necesidades básicas.

También impide cumplir con la previsión de la Ley reguladora del derecho de asilo que indica que hay que presentar la solicitud en el primer mes desde la entrada en territorio español.

El síndic ya alertó al Defensor del Pueblo de una situación parecida en la Subdelegación del Gobierno en Barcelona en 2015, cuando se dio un bloqueo informático de la apliación de cita previa y no habilitaron ningún canal alternativo.

Fernández Marugán informó después de mejoras hechas por la Subdelegación que, "visto el nuevo colapso, han sido insuficientes", ha considerado Ribó.