Una mujer de nacionalidad uruguaya permanece atrincherada desde este viernes en el Consulado General de su país en Barcelona para evitar tener que entregar a su hija de 7 años a su expareja, a la que acusa de malos tratos y de abusos sexuales a la menor, informa La Vanguardia.

La mujer quiere evitar que los cuerpos policiales se lleven a la niña para entregársela al padre, que reside en Vielha, Lleida. El TSJC había dictaminado que este viernes se tenía que haber realizado la entrega de la menor, después de un aplazamiento dictaminado por un juzgado de la localidad.

Según ha explicado El Periódico, la madre denunció al padre por presuntos maltratos y abusos sexuales a la menor —aunque finalmente la demanda quedó archivada— y se quedó con la niña en el país latinoamericano, por lo que el padre la denunció por sustracción de la menor.

El TSJC ha informado de que la entrega de la niña no se pudo hacer la mañana de este viernes, cuando estaba previsto que la madre dejara a la menor en el consulado uruguayo en Barcelona para que el padre la recogiera, y según el citado diario, ha sido por oposición del propio Consulado.

Tras llegar el caso a juicio, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Vielha sentenció entregar la custodia al padre y la entrega de ésta por parte de la madre, tal como recomendaron nueve profesionales independientes para el "mejor desarrollo emocional de la menor", según el TSJC.

Según la sentencia por la custodia en el juicio los psicólogos describieron a la mujer como "alguien que interfiere en el vínculo con el padre, con una práctica nociva" para su hija, con personalidad paranoide y baja escala de sinceridad, mientras que del padre destacaron que estaba angustiado por la situación y preparado para la práctica de la paternidad.

El juez falló que el padre tendría la guarda y custodia de la menor y se acordó el encuentro en el Consulado uruguayo en Barcelona, a lo que el Ministerio de Exteriores de Uruguay respondió en un comunicado el jueves que el papel que se le otorgaba no era "conforme al Derecho Internacional", mencionando la inviolabilidad de los locales consulares.

En un tuit, la Fundació Àmbit Prevenció ha criticado la decisión judicial sobre la custodia: "Basa su decisión en el SAP (Síndrome de Alienación Parental), un recurso no reconocido por ninguna asociación profesional ni científica".

En un comunicado, la Intersocial Feminista ha reprochado que en el proceso judicial en España "fueron descartadas las pericias uruguayas", que consideran que hubieran probado el supuesto delito de agresión sexual a la menor.