Más de dos meses después de ser aprobadas, el Gobierno ha recurrido este viernes ante el Tribunal Constitucional una resolución que el Parlament aprobó el pasado 25 de julio para impugnar la defensa que se hacía en ella del "derecho de autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del pueblo de Cataluña" y también porque en ella reprobaba al rey. El Ejecutivo considera que estos dos apartados incumplen una sentencia previa del Constitucional, al que también exige que notifique una providencia al presidente del Parlament, Roger Torrent , y al resto de miembros de la Mesa para que la cumplan y eviten nuevos pronunciamientos ilegales, bajo pena incluso de "consecuencias penales".

"Pedimos la nulidad del contenido de la resolución pero hay una clara advertencia a los miembros de la Mesa del Parlament para que se abstengan de cualquier actuación contraria al Tribunal Constitucional, porque supondría consecuencias de naturaleza jurídica y penal que, como saben, son particularmente graves", ha advertido el ministro de Política Territorial, Luis Planas, este viernes en rueda de prensa en Moncloa tras el Consejo de Ministros.

Para su recurso, el Gobierno ha optado por la fórmula de incidente de ejecución de condena, al considerar que aquella resolución incumplió una sentencia ya existente del Constitucional y aprovechando también que se trata de un plazo más corto que iniciar un recurso al uso. En todo caso, la impugnación no ha llegado hastas ahora, cuando la resolución fue aprobada el 25 de julio. Planas ha recordado que "no existe ningún plazo" y que "requiere una preparación jurídica y hemos considerado que era el momento oportuno". El Gobierno, ha dicho, "se ha tomado su tiempo" en su propósito de "respetar y hacer respetar la Constitución y la ley en el conjunto de España".

El Gobierno ha confiado en que el Constitucional admitirá este incidente de ejecución de condena, que supondrá la anulación de la resolución y que acompañará con una petición para que el Tribunal "ordene" la práctica de una notificación personal al presidente y la Mesa del Parlament para que anulen la resolución impugnada y se les "advierta" de "abstenerse" de otros pronunciamientos de ete tipo. Según ha recordado la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, "su deber es paralizar o impedir cualquier iniciativa jurídica o material que suponga ignorar o eludir las sentencias del Tribunal Constitucional, apercibiéndoles de las posibnles responsabilidades en la que pudieran incurrir".

Además de esta resolución de julio, el Gobierno tiene previsto hacer lo propio, también por incumplimiento de sentencia, con respecto a las dos que aprobó el Parlament la semana pasada, en respuesta a la detención de nueve miembros de los Comités de Defensa de la República (CRD). De momento, Moncloa aguarda a que la Cámara catalana las publique en su Boletín Oficial y cuando sea así también requerirá a Torrent que no vuelvan a producirse declaraciones como las que la semana pasada reiteró que la independencia es "un objetivo legítimo" y "sigue siendo realizable", "rechazó las imposiciones antidemocráticas de las instituciones del Estado español, en especial de su Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo" y "afirmó la legitimidad de la desobediencia civil e institucional, como de otros instrumentos en defensa de aquellos derechos civiles, políticos y sociales que puedan ser lesionados".