El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, llegó a La Moncloa el año pasado con el voto a favor de los independentistas y empezó una política hacia Cataluña basada en el "diálogo dentro de la ley" que le llevó a hacer concesiones como la organización de la llamada cumbre de Pedralbes, que reconoció la exisgencia de un "conflicto" en Cataluña, o proponer un "relator" para una mesa de diálogo político. Un año y medio después, Sánchez está dispuesto a aplicar de nuevo el artículo 155 en Cataluña, previa puesta en marcha de la Ley de Seguridad Nacional y ha cambiado la aceptación de los apoyos de los independentistas por "España" en su precampaña a las elecciones del 10 de noviembre.

Hace meses, el lema era "diálogo dentro de la ley" y este martes Sánchez apuntó en un mitin en Huesca que "mejor dicho, primero ley y luego diálogo". Era la muestra de un giro con respecto a Cataluña que se explica, por una parte, en el empeoramiento de la situación allí y también en el planteamiento de campaña para el 10-N y para los pactos que espera alcanzar después para ser investido.

Hace apenas unas semanas, en Moncloa se esperaba la llegada de la sentencia del procés sin gran inquietud, porque se consideraba que la situación en Cataluña había mejorado y estaba lejos de ser parecida a la de 2017. Este análisis cambió la semana pasada, cuando la Audiencia Nacional dictó auto de prisión para siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) por presuntos delitos de pertenencia a organización terrorista y fabricación y tenencia de explosivos.

Fuentes del Gobierno afirman que aquí cambió definitivamente una estrategia, que ya había empezado a virar, por ejemplo, cuando el PSOE considera ahora "clave" que la próxima investidura no dependa de ERC ni de JxCAT. El Gobierno ha abandonado definitivamente toda intención de contemporizar y las exigencias públicas para que los líderes independentistas condenen la violencia, también la que viene de su colectivo, se combinan con un plan sobre las medidas que habrá que ir a aplicando si la Generalitat vuelve a cometer ilegalidades. En estos momentos, la mayor preocupación del Gobierno se centra en el presidente catalán, Quim Torra, a quien sí considera decidido a volver a atravesar la línea de la legalidad.

El Ejecutivo quiere enmendar los errores de 2017, cuando por primera vez aplicó el artículo 155. Ahora, como paso previo, entrará en efecto la Ley de Seguridad Ciudadana que no supone suspender la autonomía. En caso de tener que llegar al último extremo y reeditar el 155, Moncloa descarta ahora suspender el Parlament y simplemente impedirá que pueda salirse de la legalidad.

Este propósito podría darse mucho antes. El Gobierno está a la espera de que el Boletín Oficial del Parlament publique las dos resoluciones que se aprobaron la semana pasada tras la detención de los CDR para recurrirlas ante el Tribunal Constitucional, y consecuentemente anularlas, al considerar que incumplen la sentencia de 2015 en la que se declaró ilegal una declaración apoyada por las fuerzas independentistas que daba "solemnemente el inicio del proceso de creación de un estado catalán independiente en forma de república". Según anunció Sánchez este martes, también se enviará un requerimiento a la Mesa del Parlament para que se cuide de repetir pronunciamiento similares.

Para la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana y el artículo 155, Sánchez lleva días pidiendo la unidad de todas las fuerzas políticas, que da por descontada en el caso del PP y también de Ciudadanos, en lo que también explica su alejamiento definitivo de los soberanistas y el abrazo al concepto de "España" que ya está dominando sus mítines de precampaña

Ciudadanos ya hace tiempo que pidió un 155 preventivo y el PP lleva días pidiéndole que aplique, desde mismo viernes, la Ley de Seguridad Ciudadana. La colaboración de los populares es clave teniendo en cuenta que de cara al 10-N los socialistas han abandonado toda intención de pactar una investidura con fuerzas a su izquierda -Podemos y Más País- y lo que espera es que el PP suba y pueda recuperarse en parte el bipartisdismo, en aras de la "estabilidad".

Por este motivo, poco efecto tendrán la advertencia que este miércoles ha lanzado Íñigo Errejón, que ha afirmado que un 155 "hipotecaría" la formación de un gobierno progresista. Menos aún la mano tendida a su excompañero de Pablo Iglesias, que se muestra abierto a pactar un Gobierno con PSOE y Más País tras el 10-N.

Nada de eso interesa ya a Sánchez, que se centrará en acoger a los votantes desencantados de Ciudadanos por el giro a la derecha de Albert Rivera, a quienes sigue pensando la unidad territorial. Ellos son los principales destinatarios de una precampaña socialista con el lema "Ahora España" en la que Sánchez repite sin parar "España" en sus mítines y a la que acompaña a la perfección la renovada determinación del PSOE de no permitir la más mínima transgresión en Cataluña.