Una eurodiputada danesa pregunta a la Comisión Europea por la evaluación ambiental de la ampliación norte del puerto

  • La eurodiputada danesa Margrete Auken, del grupo de los Verdes-Alianza Libre Europea, ha realizado una pregunta a la Comisión Europea al respecto de la evaluación ambiental de la ampliación norte del puerto de València.
La eurodiputada danesa Margrete Auken
La eurodiputada danesa Margrete Auken
@MARGRETEAUKEN
La eurodiputada danesa Margrete Auken

En su pregunta, Auken inquiere a la Comisión sobre el inicio de tramitación de la 'Concesión Administrativa para la Construcción y Explotación de una Terminal Marítima de Contenedores para la prestación del servicio portuartio de manipulación de mercancías, abierta al tráfico general en la ampliación norte del puerto de València', que se aprobó en el último consejo de administración del puerto de este viernes.

La eurodiputada pregunta a la Comisión "¿cómo plantea asegurar el cumplimiento del derecho ambiental comunitario en este caso?", ya que, asegura, "el proyecto detallado de ampliación no está disponible para el estudio de instalaciones locales y cívicas en violación de la Directiva 2003/4/CE de acceso a información ambiental.

Asimismo, Auken destaca que el proyecto de ampliación "carece de una Evaluación Ambiental Estratégica, a pesar de estar las obras estrechamente relacionadas con grandes afecciones de emisiones contaminantes, extracciones de fondos marinos, nuevas infraestructuras viarias y una alteración de la dinámica litoral que daña el Parc Natural de l'Albufera".

"Su Declaración de Impacto Ambiental -continúa la pregunta- data del año 2007, evaluó un proyecto sustancialmente diferente y más grande que el actual en dimensiones y afecciones, tanto en las obras en sí como en las actividades portuarias proyectadas".

Desde la Comissió Ciutat-Port, alguno de cuyos miembros ha colaborado con Auken en la redacción de la pregunta, han instado a declarar "una moratoria sobre la ampliación del Puerto, por lo menos hasta asegurar la legalidad comunitaria de las obras".

"No se puede seguir con la adjudicación de las obras con la actual situación de inseguridad jurídica creada por la obligación de llevar a cabo una evaluación ambiental estratégica como marca la legislación europea. Las obras proyectadas suponen unos impactos muy negativos sobre el aire, el mar y las playas que son claramente distintos que los considerados en el estudio de impacto ambiental del 2007. Hace 12 años no se consideraron la mayor envergadura de todas las obras, el gran aumento de actividades contaminantes y nuevas infraestructuras viarias proyectadas, como el acceso norte", han manifestado.

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