Los ecologistas acusan a Perales y a la delegada provincial de Medio Ambiente, Gemma Araujo, de mentir cuando se escudan en un dictamen del gabinete jurídico que excluiría la materia urbanística de las competencias de la junta rectora.

"Tenemos ese dictamen jurídico y dice todo lo contrario. Y el gran problema en esta sierra no son los incendios, que son escasos, sino la especulación urbanística", apuntó el portavoz de Ecologistas en Acción, Juan Clavero.

Así las cosas, los máximos responsables de la junta rectora se inhiben de investigar las presuntas ilegalidades urbanísticas que vienen denunciando los ecologistas y parecen querer limitar la intervención del ente a materias como la prevención de incendios forestales, la educación medio ambiental o el cuidado de las especies, por poner algunos ejemplos.

Los ecologistas están horrorizados con el argumento de Perales de que los cascos urbanos no pertenecen al parque natural, lo que excluiría del mismo a los pueblos de Grazalema, Benamahoma, Zahara de la Sierra, Benaocaz, Montejaque, Benaoján y Villaluenga.

Los ánimos están muy caldeados porque los conservacionistas dicen que si la Consejería y la presidencia de la junta rectora tienen constancia de las ilegalidades urbanísticas y se niegan a abordar este tema, habrá que presentar contra ellos una denuncia en los juzgados por prevaricación por omisión.

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