El Ayuntamiento de Barcelona pide investigar a 28 mandos intermedios de la Policía Nacional por las cargas del 1-O

Policía Nacional y Guardia Civil requisan urnas del referéndum del 1-O.
Policía Nacional y Guardia Civil requisan urnas del referéndum del 1-O.
EUROPA PRESS - Archivo

El Ayuntamiento de Barcelona pide al Juzgado de instrucción número 7 que investigue a 28 mandos intermedios de la policía española como responsables del operativo del 1-O. 23 de estos agentes no han sido todavía investigados. Según ha explicado a Catalunya Ràdio el regidor de Derechos de Ciudadanía y Participación del consistorio barcelonés, Marc Serra, se les atribuyen delitos de lesiones, contra la integridad moral, daños, coacciones, desórdenes públicos cometidos por funcionarios y delitos contra los derechos individuales. En este último caso, Serra reconoce que es muy difícil de probar pero considera que ''también se tiene que poder estudiar''.

El objetivo del el Ayuntamiento es que se investigue a ''la totalidad'' de los mandos que había ''sobre el terreno el 1-O'' además de a los ocho inspectores jefe que ya están siendo investigados.

Además de los ocho inspectores jefe que ya están siendo investigados por el mismo juzgado y que no declararán hasta finales de octubre, explica Marc Serra, había mandos intermedios del cuerpo, inspectores y subinspectores, que también dieron órdenes y que por lo tanto, según el regidor ''también tienen responsabilidad sobre el operativo''.

Serra recalca que es un problema, a la hora de investigar agentes, que los policías no van ''debidamente'' identificados según los estándares internacionales. La policía española, especifica Serra, solo lleva un código alfanumérico en las espaldas que hace casi ''imposible'' la identificación en los lugares de los hechos. Por eso, ha explicado, pidieron colaboración ciudadana para reunir imágenes y videos, de forma que se ha llegado a identificar 90 agentes.

Serra cree que la sentencia del Tribunal Supremo tendrá un ''impacto'' pero confía que no puede avalar cargas ''indiscriminadas, desproporcionadas, antireglamentarias e intervenciones policiales sin aviso previo''. Por eso cree que no le puede ''dar legalidad''. Serra cree que la instrucción de la causa se tiene que cerrar en un plazo máximo de un año para abrir la fase intermedia e ir hacia el juicio.

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