Cuando se cumplen dos años del 1-O, todavía son muchos los interrogantes que planean sobre el operativo policial que diseñó y ordenó las cargas en 27 escuelas de la ciudad de Barcelona, donde resultaron heridas unas 300 personas y por las que están imputados hasta 50 policías nacionales.

Desde entonces, el titular del juzgado de instrucción 7 de Barcelona, que investiga la actuación policial en la capital catalana, ha abierto 27 piezas separadas, una por cada escuela, y aunque cinco han sido archivadas, el caso se ha convertido en una macro-causa judicial cuya conclusión sigue lejos de llegar a su fin.

De acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona, que ejerce la acusación popular en la causa, el objetivo es terminar la fase de instrucción antes de octubre de 2020 y evitar así alargar las investigaciones más de tres años.

Sin embargo, de ello dependerá, en parte, la decisión que tome la Audiencia Provincial, ante quien la Abogacía del Estado recurrió el auto del juez instructor que denegaba la petición de apartar del caso al consistorio barcelonés, un escrito al que se adhirió también la Fiscalía.

Y es que, tal como explican dos de las letradas del Ayuntamiento en este proceso, Laia Serra y Marta Clapés, se trata de un "puzzle" con infinidad de piezas que no siempre encajan con la celeridad esperada.

De hecho, de las 27 piezas judiciales, se llegaron a cerrar 18, pero la mayoría fueron reabiertas a raíz de recursos presentados por el equipo de la alcaldesa Ada Colau, que impulsó una campaña ciudadana para reunir imágenes y vídeos con los que poder identificar a los policías que efectuaron las cargas desde primera hora de la mañana.

Hasta el momento, un centenar de agentes de la Policía Nacional ya han sido identificados y otros cincuenta -el doble que en las mismas fechas del pasado año- imputados, así como ocho inspectores jefe responsables de haber dado órdenes sobre el terreno, por lo que su declaración, fijada para este mes, puede dar un giro de 180 grados a las pesquisas, consideran las acusaciones.

Por ahora, la escuela con más policías investigados, 18, es el CEIP Ramon Llull, donde el activista Roger Español, que se ha convertido en uno de los símbolos el 1-O, perdió la visión de un ojo tras recibir el impacto de una pelota de goma y está imputado por un delito de atentado a la autoridad por haber lanzando una valla metálica contra los agentes durante la celebración del referéndum.

Por su parte, los policías están siendo investigados como autores de los delitos de lesiones, contra la integridad moral, daños, coacciones, desórdenes públicos cometidos por funcionarios y contra los derechos individuales, pero ninguno de ellos ha aclarado todavía de dónde venían las órdenes.

Los agentes que han declarado ante el juez han alegado que recibían instrucciones de un centro de coordinación llamado "Jefatura de Unidad de Intervención" pero no han especificado quién lo integraba.

Y es que la gran amalgama de actores que incluye el proceso impiden que éste avance a mayor velocidad.Por un lado, la mayoría de los policías están representados por abogados del Estado, que también ejercen de acusación popular por los agentes lesionados durante las cargas, el mismo escenario que ha llevado al Sindicato Profesional del Policía a ejercer la acusación popular.

Por el otro, unos 60 ciudadanos -algunos representados por el centro de derechos humanos Iridia- han decidido personarse como acusación particular o popular, mientras que la Generalitat ha hecho lo mismo por los daños causados en las dependencias de las escuelas públicas.

Con todo, el Ayuntamiento asegura que ve luz en la oscuridad, especialmente desde que el pasado febrero, dicen, la Audiencia de Barcelona comenzara a aceptar sus tesis y apostara por dilucidar las "concretas órdenes" recibidas por los agentes que actuaron el 1-O.

Para el consistorio barcelonés, sólo existen dos posibilidades: o hubo un error de diseño en el operativo, o éste fue confeccionado para castigar a la ciudadanía y disuadirla de acudir a votar en el referéndum del 1-O, prohibido por el Tribunal Constitucional. Por eso, en palabras del concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, "el objetivo no es que se acabe condenando al agente concreto que hizo una acción desproporcionada, sino ir lo más arriba posible y que sean los responsables de diseñar el operativo los que se sienten en el banquillo de los acusados".