Que el turismo contribuya más, económicamente, a pagar las molestias que genera a los barceloneses. Ese es el objetivo de una propuesta de ERC que ha aprobado este lunes el Ayuntamiento de Barcelona en el primer pleno ordinario del mandato y que pide a la Generalitat aplicar un recargo de hasta cuatro euros por pernoctación y crucerista en la tasa turística. Reclama, asimismo, que el 100% de los beneficios sean para el Consistorio –ahora lo recaudado con este impuesto se divide a partes iguales con la Generalitat– y que las ganancias se destinen a controlar las habitaciones de uso turístico, mejorar la calidad de vida de los barrios con más presión turística y "crear contenidos" para que los visitantes se concentren menos en los lugares de siempre. La iniciativa se ha aprobado con los votos a favor de BComú, PSC, ERC y JxCat y se podría poner en marcha en 2020.

Actualmente la tasa oscila entre los 2,25 euros y los 0,65 euros en función de la zona y el tipo de establecimiento. En 2018 se recaudaron 30 millones de euros, de los que 15 fueron gestionados por el Ajuntament. Si el Govern aceptara la propuesta y la trasladara al Parlament para que modificara la ley del Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos, en el caso de que la recaudación se doblara, se recaudarían 60, de los que el Consistorio gestionaría 45 –el 100% del nuevo recargo de la tasa y la mitad de la tasa actual–.

Cs, PP y BCN Canvi, que han votado en contra de la iniciativa, han denunciado que criminaliza al sector y lo perjudicaría. El regidor de ERC Miquel Puig, por su parte, ha respondido que "se trata de dar argumentos a quienes que se preguntan qué aporta el turismo, no de criminalizarlo".

Mientras que la propuesta de los republicanos ha obtenido luz verde, no ha prosperado, sin embargo, otra del PP que instaba al ejecutivo municipal a colocar un retrato de Felipe VI en el salón de plenos, después de que en 2015 se retirara un busto de Juan Carlos I y no se volviera a restablecer la imagen del rey. Ha sido rechazada con 22 votos en contra de ERC, BComú y JxCAT y con 14 a favor de PSC (que se desmarcó de sus socios de gobierno), Cs, PP y BCN Canvi.

El líder de los populares, Josep Bou, ha recordado que una sentencia del juzgado contencioso administrativo número 3 de Barcelona obliga a restablecer la imagen del monarca, y con un retrato de Felipe VI en mano le ha espetado a la alcaldesa, Ada Colau: "Usted pasará a la historia por haber echado de aquí al rey de todos los catalanes". También ha asegurado que en Europa, "las monarquías son las que dan Estados potentes y ricos".

Desde BComú, el regidor Jordi Martí ha contestado que de momento la sentencia no es firme, por lo que su grupo considera que prevalece el Reglamento Orgánico Municipal, que establece que es el pleno el que decide las imágenes a colocar en la sala, mientras que la regidora del PSC Laia Bonet ha defendido, sin embargo, que se debe respetar la resolución judicial. Por su parte, el concejal de JxCat Ferran Mascarell ha apuntado que "las leyes se tienen que cumplir cuando se ajustan a la voluntad del pueblo y el 76,6% de la población quiere la República". Y la intervención más dura ha sido la de Elisenda Alamany, de ERC, que ha dicho que el rey, tras el 1-O, "llamó a empresas para forzar su huida de Catalunya" y que la monarquía "es una institución anacrónica impuesta por el franquismo".

Durante el pleno, además, Colau ha recordado al líder de JxCat en la ciudad, Joaquim Forn, en prisión preventiva a la espera de la sentencia del 1-O. "No puedo entender que no pueda asistir y que no se respeten sus derechos políticos y civiles", ha afirmado. Asimismo, ha quedado rechazada una propuesta de BCN Canvi para instar al gobierno municipal a mantener la neutralidad institucional con relación al procés, con el voto en contra de ERC, BComú y JxCAt y el voto a favor de PSC, Cs, PP y BCN Canvi.

Y han destacado dos puntos del orden del día aprobados por unanimidad. Uno apostaba por introducir modificaciones en el convenio para que la Generalitat ceda la gestión del Port Olímpic al Ajuntament por 30 años, con el fin de que el Govern le dé el visto bueno final. El otro punto era una propuesta de JxCat que instaba a impulsar un grupo de trabajo para acordar medidas para facilitar el cambio a la moto eléctrica a los 125.000 motoristas que, según este grupo, quedarán afectados a partir del 1 de enero por la Zona de Bajas Emisiones.

El pleno ha acordado una declaración institucional que pide a Endesa a condonar el 100% de la deuda de las familias vulnerables –3.790–, que asciende a unos tres millones de euros. La compañía, sin embargo, ha propuesto este verano compartir el pago con las administraciones.