La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) se ha personado como Acusación Popular contra los miembros de los CDR detenidos en Barcelona en base a que las detenciones se han producido cuando al parecer se preparaban para atentar contra casas de la Guardia Civil en Cataluña.

Según ha explicado a 20minutos el abogado de la AEGC Jorge Piedrafita, la decisión del juez de enviar a prisión a siete de los nueve detenidos el lunes "supone un argumento de peso de que efecfectivamente estaban preparando actos de gravedad".

De esta forma, Piedrafita ha asegurado que con su personación la AEGC "mantiene su línea de defensa de los intereses de los guardias civiles" en Cataluña donde, asegura que "los últimos años han sido perseguidos y acosados" por miembros de los CDR "sin que hayan respetado la presencia de menores en las casas cuartel donde han llevado a cabo sus escraches".

Piedrafita ha explica que como Asociación representativa de la Guardia Civil "pretendemos llevar a cabo una acusación firme y vigilante para garantizar que unos hechos tan graves, atentar contra los guardias civiles, tenga su adecuado castigo". En este sentido afirma que trabajan para que lleguen a ser juzgados por los "delitos de los que se les está acusando: terrorismo, rebelión y tenencia ilícita de explosivos y lograr las máximas penas en las sentencias penales condenatorias".

A partir de la información de la que dispone la Asociación Española de Guardias Civiles, su abogado Jorge Piedrafita ha afirmado que "no olvidamos que estos siete individuos estaban buscando causar el mayor daño posible, con una planificación y preparación avanzada para actuar en fechas muy próximas".

Es en este sentido que desde AEGC aseguran que "queremos, a través de nuestra personación, vigilar como acusación para que no pueda llegar a existir ni un solo resquicio legal al que se puedan agarrar los detenidos y se genere ningún tipo de impunidad de sus actos".

La Asociación Española de Guardias Civiles considera además que es" su obligación velar por la integridad física y psicológica de todos los que formamos parte de este Cuerpo, así como de sus familias".

Los abogados de Alerta Solidària que representan a cinco de los siete miembros de los CDR encarcelados por terrorismo han denunciado este viernes "irregularidades" en el procedimiento que culminó con la orden del juez Manuel García Castellón de ingresarlos en Soto del Real.

A las puertas de la prisión, donde han visitado por primera vez a sus clientes, Eva Pous, Jordi Busquets, Montse Vinyets y David Aranda han apuntado a posibles "presiones" a los dos detenidos que declararon y que han optado por ser asistidos por abogados de oficio. "El problema es la vulneración de derechos que se está produciendo a lo largo de todo el dispositivo y en todo el procedimiento", ha afirmado Pous.

Los abogados han explicado que el pasado jueves tuvieron conocimiento de la orden del juez de ingreso a prisión por la prensa antes que por la Audiencia Nacional, y que se les impidió también hablar con sus clientes en aquel momento y antes de que se hiciese efectivo el traslado.

Ahora, han apuntado, tampoco se han podido comunicar con los dos detenidos que declararon ante la Guardia Civil y que han optado por ser asistidos por abogados de oficio. De hecho, según las defensas, el pasado jueves la AN intentó impedir que los abogados de Alerta Solidària tuviesen contacto con las defensas de estas dos personas.

Por este motivo, según ha explicado Pous, están "preocupados" ante "una situación extraña". "Desde el primer momento creemos que se han producido irregularidades que nos hacen sospechar que quizás ha habido presiones sobre estas dos personas que "no han querido ir con un abogado que no sea de oficio".

Las defensas de Alerta Solidària también se quejan de la imposibilidad de conocer los hechos que se atribuyen a sus clientes. "El problema es que el secreto de sumario es solo para la defensa", ha afirmado Pous, mientras que "la fiscalía, la Guardia Civil y la Audiencia Nacional entendemos que hacen filtraciones intencionadas que no sabemos si son ciertas o no".

Según Pous, el pasado jueves durante las declaraciones, las defensas pidieron "tener acceso a las partes indispensables del sumario para valorar si se están vulnerando los derechos y los elementos básicos de la imputación", pero "no se nos facilitaron hasta el punto que la fiscalía no hizo referencia a los motivos por los que pedía la medida" de prisión incondicional.

Además, según Pous, la interlocutoria en la que el juez ordena prisión incondicional no aporta explicaciones. "Hay una decisión y hablan de unos motivos que a la defensa no se le están explicando", ha denunciado, y por lo tanto, "no conocemos los elementos para atribuir estos delitos y por los que mantienen esta posición tanto la fiscalía como el juez".