Condenan a una empresa por los vertidos tóxicos de 1998 en Jerez de los Caballeros

  • Afectó al alcantarillado municipal.
  • Provocó problemas respiratorios en la población.
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Una alcantarilla de una calle granadina. ARCHIVO
Una alcantarilla de una calle granadina. ARCHIVO
TORRES
Una alcantarilla de una calle granadina. ARCHIVO
La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a un año de prisión al consejero delegado del Grupo Gallardo, Juan Sillero, y a los directivos Ángel Cano y Santiago Castellano, por un delito contra el medio ambiente debido a unos vertidos tóxicos en el alcantarillado de Jerez de los Caballeros ocurridos en el año 1998 y que en 2000 dañaron la depuradora municipal.

Aunque la empresa cesó en la prestación del servicio, en 2001 y 2003 hubo dolencias en la población por problemas respiratorios a causa de los gases que salían de los sumideros.

Palacio de Justicia de la capital pacense ha acogido una vista oral con la presencia de los cuatro imputados y los representantes de las dos partes, que han alcanzado un acuerdo tras rebajar la Fiscalía las penas solicitadas y asumir sus responsabilidades tres de los acusados.

Según el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Antonio Mateos, la Fiscalía ha retirado la acusación sobre Alfonso Gallardo tras estudiar una documentación presentada por el letrado defensor, que certifica la "ausencia de responsabilidad" por parte de este empresario, que da nombre al grupo industrial siderúrgico.

Inhabilitados para la dirección

Por el contrario, ambas partes han acordado una condena de un año de prisión, 90.000 euros de multa e inhabilitación para ostentar cargos directivos durante una anualidad para el consejero delegado del Grupo Gallardo, Juan Sillero, y los responsables de planta y mantenimiento, Ángel Cano y Santiago Castellano, respectivamente.

La sentencia confirma, según Mateos, sus responsabilidades en los vertidos y la culpabilidad de los tres directivos en el delito del que era objeto la causa, más dos delitos más de lesiones imprudentes, que sumará a la condena el arresto durante siete fines de semana.

Además, en el caso de Sillero se reconocen dos faltas más contra el orden público al no disponer de seguro obligatorio, lo que le obligarán a desembolsar una cuota de 300 euros diarios durante un mes.

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