El "pelotazo de libro" de Tenerife

  • El diario 'El País' revela la operación urbanística del empresario Ignacio Manuel González Martín que ganó el 3 años 110 millones.
  • En 1998, compró un terrero playero de Tenerife por 33,1 millones y en 2001 vendió una parte al Ayuntamiento por 52,7 millones.
  • Más tarde, el Consistorio regaló a González Martín una plusvalía de otros 90,3 millones por la recalificación del suelo restante.
Playa de Las Teresitas.
Playa de Las Teresitas.
20minutos
Playa de Las Teresitas.

"Nos encontramos ante un pelotazo urbanístico de los que son denominados de libro". Es la conclusión reflejada en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, en relación a una operación urbanística realizada en Santa Cruz de Tenerife por el empresario Ignacio Manuel González Martín que se embolsó casi 110 millones "sin invertir un euro propio" tras varias irregularidades del Ayuntamiento de la ciudad.

Se han cometido una gran sarta de irregularidades administrativas

Según informa este lunes El País, González Martín compró en 1998 'Las Teresitas', una zona playera de 298.000 metros cuadrados en la ciudad tinerfeña, por la que pagó 33,1 millones de euros a través de una sociedad creada por su testaferro.

El pago se realizó gracias al crédito de 33,7 millones que se autoconcedió a su empresa desde su banco, Cajacanarias, cuyo consejo de administración integraba González Martín junto a, entre otros, el alcalde local, Miguel Zerolo (Coalición Canaria). Tres años después, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife le recompró un tercio del terreno por 52,7 millones.

Una plusvalía de otros 90,3 millones

En la operación, el Consistorio ignoró, según el citado diario, los informes de sus técnicos que marcaban el suelo adquirido con un precio tres veces inferior. Además, el Ayuntamiento regaló a González Martín una plusvalía de otros 90,3 millones por la recalificación del suelo restante para uso residencial.

Tanto Ignacio Manuel González Martín como Miguel Zerolo fueron acusado en 2006 por prevaricación y malversación de caudales por la fiscalía anticorrupción. Según la IGAE, la operación fue irregular y apunta a los gestores públicos: "Solamente desde muy alto nivel de responsabilidad dentro del Ayuntamiento puede ordenarse a los funcionarios que cometan tal sarta de irregularidades administrativas".

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