El diputado provincial y presidente de la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GERSUL), Santiago Dorado, en su despacho de la institución provincial.
El diputado provincial y presidente de la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GERSUL), Santiago Dorado, en su despacho de la institución provincial. DIPUTACIÓN DE LEÓN

El presidente de Gersul, el diputado Santiago Dorado, ha señalado este viernes que esta misma semana "han comenzado las primeras actuaciones para la ejecución del convenio para la recaudación por vía ejecutiva de los recibos pendientes de Gersul entre los años 2014 y 2017, que ascienden a 6,2 millones de euros".

En una segunda fase, que prevé poner en marcha antes de que acabe el año, se iniciará el cobro de otros 2,4 millones de euros pendientes en vía ejecutiva, correspondientes a 2018 según han señalado fuentes de la institución provincial a Europa Press.

Dorado ha agregado que también se estudian "las fórmulas para el cobro de otros 6,4 millones de euros" impagados entre los años 2009 y 2013, que cuentan con la dificultad de que "en muchos casos pueden haber prescrito".

Además, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado el pasado miércoles el anuncio para la apertura del periodo voluntario de cobro de los recibos de 2019, que concluye el próximo 9 de diciembre y por el que Gersul prevé ingresar hasta 16 millones de euros.

Los recibos de toda la provincia pendientes de los años 2018 y anteriores sólo se atenderán en las oficinas de recaudación de la Diputación de León y Ponferrada, en horario de 16:30 a 18:30 de lunes a viernes.

Se enviarán notificaciones a los contribuyentes que tengan algún recibo pendiente de forma progresiva para que todos tengan la oportunidad de pagar antes de que se inicien los embargos.

Santiago Dorado ha incidido en la gran importancia de este primer paso "para empezar a desatascar la compleja situación" que se han encontrado hace dos meses al tomar las riendas de la institución provincial.

Dorado ha puesto cifra a la deuda a la que Gersul tiene que hacer frente por una transacción judicial favorable para la UTE adjudicataria del servicio, que "asciende a 23 millones de euros", a lo que hay que sumar unos intereses generados dese la fecha del acuerdo que "ascienden a 1,1 millones de euros anuales".

A ello se añade otra deuda por la gestión ordinaria de este año con Somacyl, que asciende a 1,1 millones de euros, y otras de menor cuantía por servicios jurídicos, lo que eleva la cifra total de débito por encima de los 25 millones de euros.

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