Durante esta semana, responsables la Consejería han celebrado reuniones con representantes de la Plataforma de Defensa del Taxi Rural y de la Federación Regional del Taxi de Castilla y León, donde se ha informado de que esta modificación de ley se articulará a través del acuerdo de la Comisión de cooperación constituida por la Comunidad Autónoma y el Estado respecto de la aplicación de la Ley de Transporte Público de Viajeros por Carretera, según ha informado la Administración a través de un comunicado remitido a Europa Press.

La obligatoriedad para los taxis interurbanos de estar equipados con taxímetro homologado y rótulo exterior luminosos fue recogida en la vigente ley a través de una enmienda transaccional que obtuvo el consenso de los grupos políticos.

Durante la tramitación de esta ley -aprobada el pasado año-, la enmienda promovida por el propio sector del taxi se ha demostrado, a juicio de la Consejería, de "compleja aplicación técnica y competencial" a todos aquellos taxis de contenido eminentemente interurbano y rural, donde la utilización de un elemento de carácter tan urbano "produce distorsiones y no facilita el desarrollo de un servicio esencial para la movilidad de los pueblos de Castilla y León".

Las mismas fuentes apuntan que la situación había generado "preocupación" entre el sector del taxi rural, lo que ha motivado que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente dé esta respuesta a la modificación de la normativa.

Si bien la exigencia de taxímetro homologado y rótulo exterior luminoso no entrará en vigor hasta el 3 de enero de 2020, el compromiso asumido ahora implica promover, en la primera iniciativa legislativa que se produzca ante las Cortes de Castilla y León, la supresión del mencionado artículo, permitiendo, en su caso, a la competencia estatal y a la autonomía municipal la regulación de la exigencia de los dispositivos citados.

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